 La más reciente víctima del afán de Abás por intimidar a sus críticos en vísperas electorales es Naser al Kidwa, exministro de Exteriores de la AP y sobrino del exlíder de la OLP Yaser Arafat. A primeros de mes, Abás lo expulsó de Fatah y suspendió la financiación de la AP la organización que presidía, la Fundación Yaser Arafat. Posteriormente, le despojó de dicho cargo y detuvo a su guardaespaldas, Qadri Ataya. (Foto: Abás Momani/AFP, vía Getty Images). |
Se está informando de que la Administración Biden planea "reiniciar" las relaciones de EEUU con los palestinos. En un memorándum interno presentado al secretario de Estado, Antony Blinken, el 1 de marzo se leía:
"Mientras reiniciamos las relaciones de EEUU con los palestinos, el cuerpo político palestino se encuentra en un punto de inflexión y se encamina a sus primeras elecciones en 15 años."
El documento retoma varias de las cuestiones promovidas por las Administraciones de George W. Bush y Barack Obama, como el fortalecimiento de las instituciones palestinas, incluidas las organizaciones de la sociedad civil y las que monitorean la labor de los medios. Asimismo, menciona la reinstauración de la ayuda financiera a los palestinos y de los "medios para hacer avanzar las perspectivas de una solución negociada de dos Estados".
Lamentablemente, al tiempo que la Administración Biden habla de "la necesidad de proteger a la sociedad civil [palestina] mediante la disminución de las detenciones de blogueros y disidentes", la cúpula palestina está moviéndose clamorosa y evidentemente en la dirección opuesta. En vez de potenciar el papel de las organizaciones de la sociedad civil, los jerarcas palestinos obstaculizan su labor imponiéndoles severas restricciones. En lugar de incrementar las libertades públicas y llevar la democracia a su pueblo, castigan con dureza a quienes se manifiestan contrarios a sus decisiones.
Mientras la Administración Biden dice que quiere empoderar a las organizaciones cívicas, los líderes palestinos se afanan en reforzar su control sobre las mismas.
Recientemente, organizaciones cívicas palestinas expresaron su absoluto rechazo a los intentos de la Autoridad Palestina (AP) de imponer severas restricciones a su labor. Respondían así a un decreto del presidente de la AP, Mahmud Abás, que convierte las ONG palestinas en organizaciones controladas por el Gobierno.
El decreto de marras requiere a las organizaciones que presenten a la AP "un plan anual de acción y un presupuesto estimado". Lo cual quiere decir que trabajarán para el Gobierno de la AP y no en función de sus ideas, objetivos o programas.
"Esto socava la profesionalidad, independencia y libertad de la actividad cívica, incluyendo el monitoreo del desempeño de la autoridad ejecutiva y su objetivo de hacerla responsable de sus violaciones", denuncian en un comunicado varias entidades.
Ese decreto fue emitido en el marco de varias leyes emitidas igualmente por decreto, elaboradas en completo secreto y a puerta cerrada (...) esta ley pone trabas al derecho de reunión y organización y al derecho a ejercer actividades independientes de los ministerios y de la autoridad ejecutiva (...)
El referido decreto viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 20) y el Convenio Internacional de Derechos Cívicos y Políticos (art. 22), que sancionan el derecho fundamental a la libertad de asociación y a la independencia financiera y de actuación. Asimismo viola varias resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, incluida la 22/6 del 21-3-2013, que llama a los Estados a no impedir la independencia funcional de las asociaciones y a no imponer restricciones discriminatorias sobre potenciales fuentes de financiación.
La represión de Abás sobre las ONG locales se produce cuando los palestinos se preparan para celebrar sus primeras elecciones generales desde 2006. Los comicios se enmarcan en el empeño de Abás por ganarse el favor de la Administración Biden y presentarse como un líder que se preocupa por la democracia y las elecciones libres. Lo cierto es que el presidente de la AP está desesperado por conseguir financiación norteamericana para preservar su régimen y seguir en el poder hasta el último de sus días.
Las elecciones legislativas palestinas han sido fijadas para el 22 de mayo, y las presidenciales se han programado para el 31 de julio. Difícilmente sea una coincidencia la pautada maniobra de Abás contra la sociedad civil. Abás, de 85 años, quiere asegurarse de que no haya críticas contra él ni contra su régimen antes de los comicios, pues teme que perjudicarían sus chances de victoria, así como las de que facción, Al Fatah.
Merece la pena destacar que el documento de la Administración Biden ignora completamente el acoso de Abás a las organizaciones de la sociedad civil. Así que el presidente de la AP se siente libre para reprimir a cualquier palestino que ose disentir o desafiar sus políticas.
La más reciente víctima del afán de Abás por intimidar a sus críticos en vísperas electorales es Naser al Kidwa, exministro de Exteriores de la AP y sobrino del exlíder de la OLP Yaser Arafat. A primeros de mes, Abás lo expulsó de Fatah y suspendió la financiación de la AP la organización que presidía, la Fundación Yaser Arafat. Posteriormente, le despojó de dicho cargo y detuvo a su guardaespaldas, Qadri Ataya.
Hasán Asfur, exministro palestino y director de la web de noticias Amad, tachó las maniobras de Abás contra Kidwa de "bullying político".
Abás se vengaba así de Kidwa por presentarse por su cuenta a las legislativas. Kidwa es miembro del Comité Central de Fatah, el principal órgano decisorio de la facción de Abás. Y éste se enfureció porque aquél dijo que quería presentarse en una lista distinta a la comandada por el presidente de la AP.
Además de Kidwa, son varios los miembros de Fatah que planean presentarse en listas separadas. Miembros de Fatah que reclaman un "cambio radical" en el sistema político palestino, es decir, poner fin a la dictadura de Abás. Las medidas punitivas de Abás contra Kidwa tienen por objeto mandarles una advertencia. En esencia, Abás está anunciando que todo aquel que le desafíe será expulsado de Fatah y privado de empleo y dinero.
Abás le está diciendo a la Administración Biden: dadme millones de dólares para mi régimen autocrático y al diablo con mis rivales políticos. Pero, en vez de pedirle cuentas por sus medidas represivas, la Administración Biden se apresta a sostenerle financieramente.
Según el memorándum interno, EEUU planea retomar en breve la ayuda financiera incondicional a los palestinos. Lo cual significa dar impulso a Abás y a sus acólitos en vísperas de las elecciones y permitirles seguir adelante con su campaña de intimidación contra cualquier candidato que ose exigir reformas y el fin de la tremenda corrupción.
La Administración Biden va a volcar millones de dólares en los cofres de Abás para ayudarle a atajar la emergencia de líderes nuevos y jóvenes y a mantener su régimen autoritario. Una vez se le entregue el botín, Abás desplegará todas sus medidas represivas contra sus rivales y críticos para asegurarse de que él y Fatah se imponen en los comicios.