Alemania ofrece hoy al mundo un espectáculo inquietante: un Estado agonizante que, bajo la apariencia de virtud democrática, se hunde en el autoritarismo. La erosión de las libertades civiles no se está produciendo por un golpe de Estado, sino por la lenta acumulación de medidas administrativas, legales y policiales que perfilan los contornos de una dictadura tan implacable como convencida de su propia virtud.
1. La clasificación de la AfD por una agencia administrativa
En la primavera de 2025, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV, el servicio de inteligencia nacional de Alemania) clasificó al partido político Alternative für Deutschland (AfD) como organización de "extrema derecha". Esta clasificación otorgaba a las autoridades la potestad de someter a sus miembros y simpatizantes a vigilancia policial sin autorización judicial previa, incluyendo medidas como la interceptación de comunicaciones privadas o el reclutamiento por parte de la BfV de informadores dentro del partido.
Esta "sentencia" no fue dictada por un tribunal independiente. Fue creada por un organismo administrativo directamente bajo la autoridad del ministro del Interior. El BfV ni siquiera es un tribunal administrativo; es un organismo burocrático que emite informes y recluta informadores sin permitir que las partes implicadas presenten su caso. Cuando un individuo o partido es tachado de "fascista" y, en consecuencia, excluido de Alemania, ¿no es deseable que al menos se le conceda el derecho a defenderse? Pues bien, según la legislación alemana de 2025, la respuesta es nein.
Peor aún, el expediente que justifica esta clasificación nunca ha sido publicado. Por lo tanto, hay una ausencia total de procedimiento contradictorio. La AfD nunca fue consultada, e incluso después de los hechos, no tiene derecho a saber por qué, por qué motivos, sobre la base de qué pruebas y documentos, fue excomulgada de la esfera "democrática" alemana.
Por lo tanto, la AfD se ve reducida a apelar ante los tribunales para impugnar esta etiqueta. ¿Cómo puede la AfD impugnar efectivamente una clasificación cuando los documentos siguen siendo secretos de modo que ni siquiera puede saber lo que está impugnando? ¿Cómo puede impugnar el término "extrema derecha" cuando no está definido en ninguna parte? Desde principios de la Edad Media, la tradición del Estado de Derecho - Rechtsstaat en alemán- ha exigido que las condenas se basen en acusaciones precisas y estrictamente definidas. Nullum crimen, nulla poena sine lege. No hay crimen, no hay castigo sin definición previa. ¿El hecho de que la AfD defienda posiciones más "de derechas" que otros partidos es suficiente para justificar una etiqueta? Teniendo en cuenta que el programa de la AfD es, en varios puntos como el derecho a portar armas, más "de izquierdas" que el Partido Republicano estadounidense, ¿debería concluirse que la actual administración estadounidense es "supernazi"?
Esto es arbitrariedad pura y dura. La cuestión nunca ha sido la ley, sino el poder: la determinación de la casta gobernante de aferrarse a la autoridad a cualquier precio, aunque ello signifique criminalizar a una cuarta parte de la población alemana. No lo olvidemos: la antigua República Democrática Alemana (Alemania del Este) también pretendía ser "democrática".
Desde mayo de 2025, decenas de miles de activistas, cargos electos locales y simpatizantes de a pie de la AfD, el principal partido de la oposición, han sido sometidos a vigilancia policial sin orden judicial.
En la Alemania de hoy, el principal partido de la oposición no es tratado como un actor legítimo en el proceso democrático, sino, sin ningún debido proceso, como un enemigo interno.
2. Represión de la libertad de expresión: La criminalización de la disidencia
Esta represión no solo afecta a los dirigentes, miembros y activistas de AfD. Se extiende a los ciudadanos de a pie. Pensionistas, comerciantes y estudiantes son ahora perseguidos por criticar la política del Gobierno en materia de inmigración, clima o sanidad. Se les trata como criminales, incluso como terroristas o pirómanos, bajo la acusación de "incitar al odio."
En abril de 2025, por ejemplo, un tribunal bávaro condenó a David Bendels, redactor jefe de Deutschland-Kurier, a siete meses de prisión con suspensión. ¿Su "delito"? Publicar una imagen satírica en la que aparecía la ministra del Interior, Nancy Faeser, con una pancarta en la que se leía: "Odio la libertad de opinión". El tribunal le condenó por "injurias, difamación o calumnia contra personas de la vida política".
En 2024, una mujer de 20 años compareció ante un tribunal por insultar a un violador convicto en un intercambio privado de WhatsApp. Ella recibió una condena más dura que el violador, al que sólo se le impuso una pena condicional.
Estas medidas represivas no se dirigen contra los extremistas, sino contra los ciudadanos de a pie que se atreven a rebatir la ideología del partido en el poder. La Ley de Ejecución de la Red (NetzDG) refuerza esta censura al obligar a las plataformas de Internet a borrar contenidos bajo pena de multa, erosionando así aún más la libertad de expresión "garantizada" por el artículo 5 de la Constitución alemana.
Este clima de miedo -el temor a una redada policial al amanecer por un comentario en Facebook, un "me gusta", un retweet- es despiadado en su crueldad y devastador en sus efectos sobre la opinión pública. Está convirtiendo Alemania en una democracia Potemkin, donde sólo se tolera el monólogo oficial.
3. La zona en cuarentena: La democracia dirigida institucionalizada
Desde 2015, una regla no escrita pero inflexible rige el Parlamento federal (Bundestag y Bundesrat) y los parlamentos regionales: no se puede formar ninguna coalición con la AfD, y ningún voto de la AfD será jamás reconocido como legítimo. Este Brandmauer (cortafuegos) para relegar a la AfD a una cuarentena, tiene el efecto directo de suspender la competición política congelando el panorama político. En adelante, Alemania vive bajo la ilusión de la alternancia entre socialdemócratas (SPD) y verdes por un lado y democristianos (CDU/CSU) por otro, todos unidos en su negativa a abrir el juego democrático a su verdadero ganador. Con el 20% de los votos en las últimas elecciones federales -pronto será el 26%, según las encuestas, y acercándose al 50% en la antigua Alemania del Este-, la AfD obliga a los demás partidos a coaliciones contra natura. La doctrina de Merkel impera: mejor para la "derecha" gobernar con la extrema izquierda que con la AfD.
Incluso mientras el establishment alemán insiste en que esta situación es "normal", incluso noble, los observadores internacionales empiezan, misericordiosamente, a expresar su preocupación. El vicepresidente estadounidense J.D. Vance declaró recientemente:
"La renuncia de Europa a sus valores fundamentales, que son también los de Estados Unidos, es preocupante. En una democracia, lo que importa es la voz del pueblo, y no hay lugar para cordones sanitarios."
La puesta en cuarentena de la AfD garantiza que la izquierda permanecerá indefinidamente en el poder, independientemente de los resultados electorales. Esto equivale al gobierno de un único "partido" y una única ideología - la de la casta gobernante. El cambio democrático a través de las urnas en Alemania ya no es posible.
4. Hacia la prohibición total de la oposición
Por si fuera poco, los círculos gubernamentales se plantean ahora abiertamente la prohibición total de la AfD, bajo el falso pretexto de "proteger la Constitución." Annalena Baerbock, ex ministra de Exteriores del partido de extrema izquierda Los Verdes, declaró a principios de 2024: "No debemos descartar la prohibición de la AfD si siguen aumentando las pruebas de extremismo."
Saskia Esken, copresidenta del SPD, añadió: "La AfD ya no es un partido democrático. Es deber de nuestro Estado constitucional impedir que actúe".
Incluso la otrora conservadora CDU se ha unido al coro, con el canciller Friedrich Merz afirmando que "deben considerarse todos los instrumentos constitucionales" contra la AfD."
Criminalizar al 25% del electorado es como poner dinamita debajo de una casa compartida. Condenar a una cuarta parte de la población alemana a la muerte democrática -negándoles cualquier acceso al poder mientras se reprime incluso la expresión educada de sus opiniones en las redes sociales- es invitar a reacciones desesperadas y violentas. Estas reacciones serán inevitablemente aprovechadas por la casta gobernante para justificar un control aún más férreo del poder.
La sombra del incendio del Reichstag
Uno no puede dejar de recordar el incendio del Reichstag en Alemania el 27 de febrero de 1933, provocado por un comunista holandés, que el Partido Nazi utilizó instantáneamente como pretexto para suspender las libertades civiles y consolidar su dominio del Estado alemán. Al día siguiente, el presidente Paul von Hindenburg, en respuesta a la petición urgente de Hitler, firmó el "Decreto del Presidente del Reich para la Protección del Pueblo y del Estado", invocando el artículo 48 de la Constitución de la República de Weimar. El decreto suspendía las libertades civiles fundamentales: libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de reunión y asociación, privacidad de la correspondencia y las comunicaciones, protección contra registros y detenciones arbitrarias. Sobre esta base, se iniciaron inmediatamente detenciones masivas de opositores políticos. El decreto marcó un paso decisivo en la toma del poder totalitario por parte del Partido Nazi, allanando el camino para la eliminación de la oposición y el establecimiento de una dictadura.
Alemania se enfrenta hoy a una espiral fatal. O acepta el verdadero pluralismo y la libertad de expresión - sin los cuales la democracia no puede existir - o sucumbe a la tentación de eliminar la disidencia por medios judiciales y policiales, silenciando a la única oposición genuina. Si eso ocurre, no será la AfD la que quede destruida, sino la propia democracia alemana.
Toda democracia que proscribe su oposición al partido gobernante deja de existir.
Un nuevo "Decreto para la Protección del Pueblo y del Estado" - que prohíba la AfD - señalaría nada menos que la muerte de la democracia alemana.
Drieu Godefridi es jurista (Universidad Saint-Louis, Universidad de Lovaina), filósofo (Universidad Saint-Louis, Universidad de Lovaina) y doctor en teoría jurídica (París IV-Sorbona). Es empresario, Consejero Delegado de un grupo europeo de educación privada y Director del Grupo PAN Medias. Es autor de "El Reich verde" (2020).