El asediado movimiento islamista palestino Hamás ha encontrado una manera original de solventar su crisis financiera. Planea pagar a sus funcionarios, que llevan tiempo sin cobrar, con terrenos de antiguos asentamientos israelíes en Gaza.
Ese terreno, abandonado por Israel en 2005 como parte de la retirada de la Franja, supuestamente estaba destinado a resolver la grave crisis de vivienda en la zona controlada por los palestinos. Por aquel entonces se habló mucho de nuevos proyectos inmobiliarios para miles de familias palestinas.
La retirada israelí hizo que muchos países árabes ricos en petróleo propusieran planes que ayudaran a resolver la grave escasez de viviendas. El territorio que antaño ocuparon asentamientos judíos transformaría la Franja en el Singapur de Oriente Medio.
En cambio, todos esos planes grandiosos y ambiciosos se fueron por el desagüe cuando Hamás se hizo con el control de la Franja, en el verano de 2007. Desde entonces todo el enclave se ha convertido en base de diversos grupos islamistas. Aparte de suprimir e intimidar a la población local, esos grupos, incluido Hamás, la Yihad Islámica y otras milicias yihadistas, han empleado el territorio para lanzar ataques terroristas contra Israel y amenazar la seguridad nacional de Egipto, al otro lado de la frontera.
Desde entonces, la Autoridad Palestina (AP), expulsada de la Franja por Hamás, no ha brindado ningún tipo de ayuda a los 1,8 millones de palestinos que viven allí. Actualmente, está claro que la probabilidad de que la AP regrese a la Franja de Gaza es nula. De hecho, tiene suerte de conservar aún el poder en la Margen Occidental.
De no ser por la presencia de las Fuerzas de Defensa de Israel en la Margen, la Autoridad Palestina se habría venido abajo hace mucho tiempo y ahora los líderes de Hamás estarían sentados en el despacho del presidente de la AP, Mahmud Abás, en Ramala.
En los últimos años, varios intentos de poner fin a la disputa entre Fatah –la facción en el poder, encabezada por Abás– y Hamás no han logrado cerrar la amplia brecha existente ente ambas partes. De momento parece que los palestinos tendrán que vivir muchos años más con la realidad de tener dos Estados separados: uno en la Margen Occidental y otro en Gaza.
El acuerdo de reconciliación del año pasado entre Fatah y Hamás, que tuvo como resultado la formación de un Gobierno palestino de consenso nacional, se alcanzó en un momento en el que el movimiento islamista afrontaba su peor crisis financiera, consecuencia directa de la incansable guerra librada por el presidente egipcio, Abdel Fatah al Sisi, contra Hamás y otros grupos terroristas de la Península del Sinaí.
Los dirigentes de Hamás esperaban que el acuerdo de reconciliación con Abás al menos les ayudara a resolver el problema con sus decenas de miles de funcionarios en la Franja, que llevan más de un año sin recibir su sueldo. En otras palabras: Hamás, que estaba sin blanca, esperaba que el nuevo Gobierno de consenso nacional, encabezado por el primer ministro Rami Hamdala, pagara los sueldos de sus decenas de miles de empleados. Naturalmente, el dinero procedería de Estados Unidos y de los países de la Unión Europea que siguen financiando a la Autoridad Palestina.
Sin embargo, desde entonces Abás se ha negado a pagar a los funcionarios de Hamás, por dos motivos: en primer lugar, sabe que semejante paso provocaría sanciones norteamericanas y europeas contra su Gobierno; en segundo lugar, teme que, una vez pague, estará reforzando al movimiento islamista y ayudándolo a controlar aún más estrictamente Gaza.
Tras meses de negociaciones fallidas entre Abás y Hamás para resolver la crisis de los funcionarios, las autoridades del movimiento islamista decidieron apoderarse de 1.000 dunams (unas 100 hectáreas) de terreno, parte del cual fue antaño ocupado por asentamientos judíos, y repartirlo entre sus empleados.
Esta controvertida decisión, calificada por muchos palestinos como "el mayor robo de tierras", fue adoptada por miembros del Consejo Legislativo palestino en el transcurso de una reunión celebrada la semana pasada en la ciudad de Gaza.
Ziad al Tata, un alto cargo de Hamás en la Franja, explicó que el terreno confiscado sería distribuido pronto entre los funcionarios que no hubieran recibido su salario durante más de un año. Afirmó que los terrenos servirían también para cubrir la deuda de varios municipios gazatíes.
Otro alto cargo de Hamás, Salah Bardawil, defendió la decisión con el argumento de que la AP se había apoderado previamente de 7.000 dunams (unas 700 hectáreas) de la Franja para sus propios intereses.
Así pues, lo que Hamás esta diciendo es que, si en el pasado la AP pudo robar grandes extensiones de terreno en Gaza, no hay ningún motivo por el que ellos no puedan sacar tajada también.
La AP y muchos palestinos han expresado su malestar por la decisión de que Hamás compense a sus empleados con parcelas. Pero, aparte de condenar enérgicamente el paso dado por el movimiento islamista, Abás y sus lugartenientes de Ramala saben que no pueden hacer nada para evitar el robo.
Una vez más, los palestinos están pagando un alto precio por la continua lucha de poder entre Hamás y Fatah y el fallido liderazgo de ambos, tanto en la Margen Occidental como en la Franja de Gaza. Al robar las tierras de su pueblo y distribuirlas entre sus seguidores, ambos movimientos minan aún más el sueño palestino de establecer un verdadero Estado basado en los principios de democracia, responsabilidad, transparencia e imperio de la ley.