Un musulmán palestino que cometa el crimen de vender una propiedad a un judío no debería esperar ser enterrado en un cementerio islámico. Casarse con sus conciudadanos palestinos ya no será una opción para los miembros de la familia del criminal, y si la familia celebra alguna boda, no acudirá ningún invitado.
Tanto los vivos como los muertos pagarán, pues, el precio de dicha traición.
Esto es tan solo una muestra de las medidas punitivas a las que a partir de ahora se enfrentarán los residentes palestinos en Jerusalén que lleven a cabo alguna transacción inmobiliaria con judíos.
Las últimas medidas fueron anunciadas recientemente por un grupo de activistas palestinos de Jerusalén Este, como parte de una renovada campaña contra los palestinos declarados culpables de vender alguna casa, parcela o tierra a una persona u organización judía. La campaña, que ha gozado de la bendición de altos funcionarios de la Autoridad Palestina (AP) y Hamás, se produce en el contexto de los esfuerzos palestinos por desbaratar los intentos israelíes de judeizar Jerusalén. También tiene que ver con la creencia de que todo el territorio es de propiedad musulmana y ningún musulmán tiene derecho a renunciar a un milímetro de él en beneficio de un no musulmán. En otras palabras, está prohibido que un musulmán venda su casa o terreno a un judío o a un cristiano.
Esta campaña ha generado el temor de que los palestinos reanuden las ejecuciones extrajudiciales de sospechosos de comerciar con terrenos.
Aunque los activistas que están detrás de la campaña no han pedido abiertamente la ejecución de los palestinos implicados en transacciones inmobiliarias con judíos, la experiencia demuestra que los sospechosos son a menudo secuestrados y asesinados por su propio pueblo. Entre 1996 y 1998, al menos ocho palestinos sospechosos de haber vendido propiedades a judíos o de haber actuado como intermediarios en dichas transacciones fueron secuestrados y asesinados por activistas palestinos.
Los palestinos consideran la venta de casas o terrenos a judíos un acto de alta traición. La AP dicta leyes y fetuas (decretos religiosos islámicos) que prohíben vender terrenos a "cualquier hombre o entidad jurídica de nacionalidad israelí, que viva en Israel o que actúe en su nombre". En 2009 un tribunal de la AP en Hebrón sentenció a muerte a Anwar Breguit, de 59 años, por vender un terreno a israelíes. Aunque la sentencia nunca se ejecutó, sí logró su objetivo: disuadir a otros de participar en transacciones similares con judíos.
En 2014 el presidente de la AP, Mahmud Abás, dictó una orden ejecutiva que enmendaba algunas secciones del Código Penal relacionadas con las transacciones inmobiliarias y elevó las penas por la venta de terrenos a "países hostiles" y a sus ciudadanos. La decisión de Abás llegó después de que se supiera que unos palestinos habían vendido a judíos algunas casas situadas en el barrio de Silwán, en Jerusalén.
 EN 2014, luego de informaciones de que palestinos habían vendido casas a judíos en el barrio jerosolimitano de Silwán (en la imagen), el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, firmó una orden ejecutiva que enmendaba secciones del Código Penal relacionadas con las transacciones inmobiliarias y aumentó las penas por vender terrenos a "países hostiles" y a sus ciudadanos. (Imagen: Wikimedia Commons/Gilabrand). |
Que vender a los judíos equivalga a ser asesinado no es ninguna novedad. En 1998 Amnistía Internacional documentó la pauta: "La tortura de quienes son acusados de colaborar con Israel o de vender terrenos a los israelíes parece ser sistemática", decía el informe.
Se siguen produciendo ejecuciones ilegales (...) Tres comerciantes de tierras fueron hallados muertos durante el mes de mayo [de 1998] después de que el ministro de Justicia [de la AP], Freih Abu Medein, anunciara que la Autoridad Palestina iba a empezar a aplicar una ley jordana que contemplaba la pena de muerte para los acusados de vender tierras a judíos.
La semana pasada, una organización palestina de Jerusalén, la Comisión Nacional de Trabajo, lanzó una nueva advertencia a los palestinos sospechosos de haber participado en transacciones inmobiliarias con judíos. En un folleto distribuido en Jerusalén Este, la asociación pedía el boicot religioso, económico y social contra los sospechosos de comerciar con propiedades inmobiliarias y contra sus familias.
Llamamos a tomar medidas adicionales para (...) asediar a aquellos palestinos que muestran debilidad o hacen de mediadores en Jerusalén. Llamamos al boicot total contra estos individuos en todos los niveles –económico y social–, a no tratar con ellos en intercambios, compras o ventas, a no participar de sus penas y alegrías y [a que no tomen parte] en acontecimiento religioso, nacional o cultural alguno. Los traficantes de tierras habrán de saber que no podrán evitar el castigo terrenal y perpetuo. No solo no serán enterrados en cementerios islámicos, sino que sus familias al completo serán también castigadas, y estará prohibido casarse con sus familiares o tratar de modo alguno con ellos.
La organización, conformada por decenas de activistas políticos y destacadas figuras palestinas de Jerusalén Este, también amenazó con publicar fotos y detalles personales de los comerciantes de tierras en las redes sociales. Además, pidió a los países árabes que prohibieran la entrada a todo palestino declarado culpable de haber participado en transacciones inmobiliarias con judíos.
Esta amenaza se produjo tan solo días después de que varias familias palestinas de la Ciudad Vieja de Jerusalén lanzaran una campaña similar que señalaba a los palestinos sospechosos de haber participado en acuerdos inmobiliarios con judíos. Las familias firmaron lo que denominaron El Compromiso con Jerusalén, para impedir las transacciones inmobiliarias con judíos. El documento declara que cualquier palestino que sea sorprendido vendiendo una casa o un terreno a judíos será "expulsado de las filas nacionales y [considerado] un traidor a Alá y a su profeta". También advierte de que, a quienes osen a desafiar la prohibición, se les impedirá rezar en la mezquita hasta su muerte, y no serán enterrados en un cementerio islámico. Las familias pidieron a la Autoridad Palestina y a otras facciones e instituciones que tomaran las medidas necesarias para "echar a los colaboradores y a quienes los encubren, a exponerlos y avergonzarlos con independencia de su influencia y su estatus".
Mustafá Abu Zahra, destacado empresario palestino de Jerusalén y uno de los artífices del documento, pidió a la Autoridad Palestina que "disuadiera" a cualquiera que pueda estar pensando en vender o facilitar la venta de propiedades árabes a judíos. Otro funcionario palestino, Nayeh Bkeirat, que tuvo un papel importante en la redacción del texto, afirmó que Israel estaba buscando "vaciar la Ciudad Vieja de Israel de sus residentes nativos, como ya está haciendo en Haifa, Yafo y Acre".
La renovada campaña contra los palestinos sospechosos de vender propiedades inmobiliarias a judíos supone un clavo más en el ataúd de todo líder palestino que pretenda llegar a cualquier acuerdo territorial como parte de un acuerdo de paz con Israel. Es mucho, muchísimo, lo que hay en juego: la traición a Alá y al profeta Mahoma.
"Este documento constituye un mensaje de advertencia a la Autoridad Palestina y a sus negociadores para que no cedan un solo grano de la tierra de Jerusalén y de Palestina", explicó el columnista palestino Gasán Mustafá al Shami. "Asimismo, es un mensaje a todas las facciones nacionales palestinas de que deben tomar las medidas necesarias para perseguir a cualquiera que se atreva a pensar en vender tierras y casas en Jerusalén y la Margen Occidental, que debería ser llevado a juicio por traición".
Por último, esta campaña debilita la tradicional queja de los palestinos de que los judíos "toman ilegalmente" casas y terrenos de propiedad árabe en Jerusalén. Parece que, más que tomar ilegalmente, los judíos pagan un buen dinero contante y sonante por esas propiedades. Al apoyar esas campañas, los líderes de la AP se disparan no sólo en el pie sino en la cabeza.