 Las conversiones forzosas al islam de muchachas cristianas o hindúes, algunas de menos de 12 años, parece ser el pan nuestro de cada día. Pero diríase que a quienes están en posición de acabar con ello no les importa. Casi no pasa un día sin informaciones al respecto. (Imagen: iStock) |
Las conversiones forzosas al islam de muchachas cristianas o hindúes, algunas de menos de 12 años, parece ser el pan nuestro de cada día. Pero diríase que a quienes están en posición de acabar con ello no les importa. Casi no pasa un día sin informaciones al respecto.
Este grave y creciente problema afecta a las minorías religiosas. Organizaciones de derechos humanos interesadas por la cuestión estiman que cada año 1.000 jóvenes hindúes o cristianas son forzadas a convertirse al islam, pero la cifra podría ser muy superior por el número de casos no reportados. La mayoría de las veces, esas chicas son atraídas por hombres mucho mayores con la promesa de una vida mejor, y a veces acaban siendo prostituidas o vendidas.
La pandemia del covid-19 ha agravado las cosas: hay familias que se han quedado sin ingresos y se ven forzadas a permitir que sus hijas trabajen en factorías o tiendas. Y las acaban perdiendo con su conversión forzada al islam y el posterior matrimonio.
Las familias imploran a la Justicia que les devuelva a sus hijas, pero las autoridades normalmente hacen oídos sordos. Por esa pasividad, las minorías religiosas denuncian que su estatus es el de ciudadanos de segunda.
Las autoridades, cómplices
El Gobierno y las fuerzas del orden son conscientes del problema, pero no lo reconocen oficialmente. En su lugar, aducen que el islam no fija una edad mínima para la conversión, y que si una chica quiere convertirse por propia voluntad nadie puede impedirlo. Así, traspasan la culpa a las víctimas y se descargan de toda responsabilidad. Además, acusan a las minorías y a las ONG de crear el problema y de mentir para darse relevancia.
En junio, los padres de Ayesha Arshad trataron de presentar una denuncia, pero la Policía se negó a tramitarla y en vez de ello concedió a Ayesha el certificado de conversión un par de días después. Al padre, Arshad Masih, le dio un infarto. Debido a la inacción policial, la familia decidió tirar la toalla.
Kiran Bashir, de 15 años, fue secuestrada el pasado 8 de marzo mientras se dirigía a su casa junto a su madre, Hamida Bibi. Dos hombres cogieron a Kiran, la metieron en la parte trasera de un coche y se dieron a la fuga. Ante la inacción policial, los familiares de Kiran hicieron una sentada de protesta frente a la comisaría. Pero nada consiguieron. Ahora bien, cuando Hamida dijo que se iba a quemar a lo bonzo, la Policía abrió diligencias sobre el secuestro de Kira. Al día siguiente, cuando la familia acudió a comisaría en busca de novedades, el comisario afirmó que Kiran se había convertido al islam y que no podía hacer nada salvo expedirle pronto el certificado de conversión. En vez de rescatar a las chicas, la Policía apoya a los secuestradores.
Los jueces parecen tener la misma mentalidad. En un caso reciente que atrajo la atención internacional, el juez Sheram Sarwar Chowdury, de la Corte Suprema de Lahore, mandó a Nayab Gill, de 13 años, con su sedicente esposo, Saham Husain, pese al certificado de inscripción que emite el Gobierno para menores de 18 años y el certificado escolar de la chica, en los que constaba que tenía 13 años y 7 meses. Tanto el certificado de conversión como el de matrimonio, ambos falsos, le atribuían 19 años.
Aunque su abogado alegó que, bajo la Ley de Restricción del Matrimonio (1929), Nayab no podía casarse hasta los 16 y que, como menor de edad, era incapaz de tomar decisiones independientes, parece que nada de eso importó al juez, que falló en favor de su matrimonio con Sadam Husain, violando claramente el principio del "mejor interés para el menor" tal y como se recoge en el artículo 3(1) de la Convención de los Derechos del Niño, ratificada por Pakistán en 1990.
Lo más preocupante es que los jueces de los altos tribunales se están negando a hacer cumplir la legislación vigente, que, como hemos visto, prohíbe el matrimonio a los menores de 16 años. Los jueces dictan sus sentencias sobre el principio islámico de que las chicas alcanzan la pubertad, y por tanto la edad adulta, cuando les llega la menstruación. Los jueces ignoran así las leyes nacionales, las internacionales y los derechos humanos de las niñas.
Declaraciones bajo coacción
Los jueces se basan también en las declaraciones de las niñas en vez de actuar con diligencia y respeto a la ley y pese a los precedentes que demuestran que a menudo las menores hacen sus declaraciones coaccionadas. Maira Shahbaz declaró que se convirtió al islam y desposó a Muhamad Nakash Tariq sin que mediara fuerza o presión alguna, sino por propia voluntad, así que fue entregada a Tariq. No obstante, a los pocos días, en cuanto tuvo la ocasión, escapó de su captor y contó la verdad.
Hay muchas chicas como Maira: Mehwish, Farah Shahín y Sadaf Masih fueron obligadas a hacer declaraciones similares y enviadas por la Justicia a vivir con sus sedicentes esposos. Pero cuando escaparon, cambiaron sus declaraciones ante un juez.
El creciente extremismo que se registra en Pakistán está haciendo la vida de las minorías religiosas más dura que nunca. No se trata sólo de extraños que secuestran y convierten a sus víctimas al islam para encubrir sus delitos; es que a veces sus propios empleadores las fuerzan a convertirse al islam, y a sus padres se les retira la custodia.
Neha, de 13 años, fue convertida al islam por su empleador, el doctor Altaf. Según este, la convirtió porque no permite a no musulmanes acceder a su cocina y tocar sus alimentos y cubiertos. Cuando su padre preguntó a la familia por su hija, le dijeron que ahora era musulmana y que de hecho ella le había acusado de recibir 257.000 rupias (1.750 dólares) como adelanto. Las autoridades debieron intervenir, rescatar a la chica y llevar al doctor Altaf a los tribunales. Pero en vez de eso hubo gente que recaudó fondos y pagó a Altaf para que liberara a la cría. Así ya no la esclavizaría de por vida.
¿Por qué siguen las autoridades ignorando este asunto?
En general, la ley islámica permite el matrimonio entre un hombre musulmán y una mujer o una niña cristiana o judía. No exige la conversión, y la conversión forzosa está proscrita. Entonces, ¿por qué las menores son coaccionadas para que se conviertan al islam antes del matrimonio?
El Estado tiene la responsabilidad de poner fin a esta práctica aun cuando deba introducir nuevas leyes para garantizar que los derechos de los niños y las minorías no son violentados. También es responsabilidad de los políticos, los jueces, la sociedad civil y los ulemas (clérigos islámicos), porque el fracaso a la hora de aplicar la ley por mor de la religión no puede ser condonado.
El Estado no debería permitir que los criminales mancillen la imagen internacional del Pakistán. La Unión Europea ya ha exigido a Islamabad que dé espacio a la libertad religiosa, y la comisión norteamericana sobre la libertad religiosa en el mundo (Uscirf) ha designado a Pakistán "país de especial preocupación" (CPC) por sus violaciones de la libertad religiosa.
Esta práctica inaceptable debe tocar a su fin de inmediato.