Un grupo de adolescentes serbios del norte la ciudad de Hamburgo, al norte de Alemania, vio suspendidas sus sentencias por violar colectivamente a una muchacha de 14 años y dejarla abandonada para que las temperaturas bajo cero la mataran.
El juez dijo que aunque las penas "pudiesen parecer blandas a la opinión pública", todos los adolescentes habían confesado, parecían estar arrepentidos y ya no representaban un peligro para la sociedad.
La sentencia del 24 de octubre, que en efecto dejaba libres a los violadores, provocó un raro momento de indignación pública respecto al problema de los delitos sexuales a manos de migrantes en Alemania. Una petición online exigiendo que los adolescentes pasaran un tiempo en la cárcel ha recabado más de 80.000 firmas, y los fiscales han apelado el veredicto.
Miles de mujeres y menores han sido violados o agredidos sexualmente en Alemania desde que la canciller Angela Merkel acogió en el país a más de un millón de migrantes, en su mayoría varones, provenientes de África, Asia y Oriente Medio.
La crisis en Alemania de violaciones cometidas por migrantes –que no ha cejado desde hace más de un año– se ha extendido ahora a las ciudades y pueblos de los dieciséis estados federales de Alemania. A pesar de que el coste en vidas va en aumento, las autoridades y los medios alemanes siguen minimizando la mayoría de los crímenes, supuestamente para evitar alimentar sentimientos antiinmigración.
El Consejo de Prensa Alemán (Presserat) aplica un "código de ética para los medios" políticamente correcto que restringe la información que los periodistas pueden utilizar en sus reportajes. El párrafo 12.1 del código determina:
Cuando se cubren delitos criminales, sólo se mencionarán los detalles sobre la religión, etnia u otros contextos sobre los sospechosos o perpetradores si es absolutamente necesario (begründeter Sachbezug) para entender el suceso del que se informa. Recuerda que esas referencias pueden fomentar los prejuicios contra las minorías.
El 17 de octubre, el Consejo de Prensa amonestó al periódico semanal Junge Freiheit por revelar la nacionalidad de tres adolescentes afganos que violaron a una mujer en una estación de ferrocarriles de Viena en abril de 2016. El Consejo de Prensa dijo que la nacionalidad de los perpetradores "no era relevante" para el caso, y que al hacer pública dicha información, el periódico estaba "presentando a los sospechosos deliberada y peyorativamente como ciudadanos de segunda".
En aras de la "ecuanimidad informativa", el consejo exigía que el periódico retirara el artículo ofensivo de su web. El periódico se negó a obedecer y dijo que seguiría publicando las nacionalidades de los sospechosos de delitos.
Lutz Tillmanns, director general del Consejo de la Prensa, dijo que la autocensura es necesaria para evitar la discriminación:
Un principio básico respecto a los derechos humanos es la no discriminación. Cuando nos referimos a una persona, no debemos perjudicar a todo el grupo. Esto, por supuesto, es un problema mayor para las minorías que para la mayoría.
Según Hendrik Cremer, del Instituto Alemán para los Derechos Humanos, el código del Consejo de Prensa también se aplica a la policía alemana, que a menudo censura la información que transmite a los medios:
La policía no deberá proporcionar información sobre el color de piel, la religión, nacionalidad u origen nacional o étnico de un sospechoso a los medios o a la opinión pública. Sólo podrá hacerlo si es absolutamente necesario, como ocurre cuando, por ejemplo, está buscando a un sospechoso.
Arnold Plickert, director del sindicato de policía GdP (Gewerkschaft der Polizei) en Renania del Norte-Westfalia, dijo que la autocensura de la policía es contraproducente:
A la policía no le interesa estigmatizar a la población, sino educarla. La impresión de que estemos aplicando la censura es devastadora para la confianza de la población en la policía. Compartir información sobre los sospechosos también es importante para desarrollar estrategias de prevención. Debemos poder hablar abiertamente sobre los problemas de este país. Eso incluye hablar sobre la clara abundancia de migrantes jóvenes en nuestros ficheros criminales.
Un ejemplo de cómo las restricciones del Consejo de Prensa distorsionan la información sobre los crímenes cometidos por migrantes se puede observar en la violación, el pasado 2 de octubre, de una mujer de 90 años frente a una iglesia del centro de Düsseldorf. El Hamburger Morgenpost informó de que el perpetrador era "un sintecho de 19 años" (obdachlosen 19-Jährigen). La policía de Düsseldorf describió al sospechoso como "europeo del sur con raíces norteafricanas". El periódico Bild reveló después que, en realidad, se trataba de un marroquí con pasaporte español fichado por la policía por el robo continuado de tiendas y bolsos.
Otro ejemplo: el 30 de septiembre, un migrante de 28 años agredió sexualmente a una mujer de 27 años en un tren exprés que iba de París a Mannheim. Los medios locales informaron al principio de la nacionalidad del perpetrador, pero después borraron el dato. Se explicaba con una nota:
Este artículo incluía inicialmente la nacionalidad del agresor. La referencia se eliminó después porque no se ajustaba a nuestras directrices editoriales; es decir, que no hay una relación entre la nacionalidad y los actos.
El Consejo de Prensa de Alemania ha rechazado las peticiones para anular el párrafo 12.1. "Esta norma no es una mordaza, sino una simple guía para mantener una conducta adecuada desde el punto de vista ético", dijo el portavoz del Consejo, Manfred Protze.
Tanit Koch, directora de Bild, el periódico más leído de Alemania, dijo:
El Consejo de Prensa cree que las redacciones de Alemania deberían, en definitiva, tratar a sus lectores como si fuesen niños, privándoles de información relevante. Creemos que esto es un error, porque cuando la gente se dé cuenta de que se le están ocultando cosas, reaccionará con desconfianza. Y la desconfianza es un peligro.
El Consejo de Prensa alega que el propósito de la autorregulación voluntaria es evitar que sea el Gobierno quien regule los medios. El Consejo, que hasta ahora ha limitado sus actividades a los medios impresos y webs asociadas, está redactando ahora un "código online" para regular blogs, vídeos y podcasts.
Gatestone Institute informó por primera vez de la crisis de las violaciones cometidas por migrantes en Alemania en septiembre de 2015, cuando Merkel abrió la frontera alemana a decenas de miles de migrantes varados en Hungría. Se publicó un reportaje de seguimiento en marzo de 2016, después de que turbas de migrantes agredieran a multitud de mujeres alemanas en Colonia, Hamburgo y otras ciudades alemanas. En agosto de 2016, Gatestone informó de que la supresión de datos al informar de las violaciones cometidas por migrantes era una práctica generalizada en todo el país.
El silencio de los grandes medios sobre el verdadero alcance de la crisis de las violaciones a manos de migrantes en Alemania explique tal vez por qué –después de más de un año de agresiones sexuales diarias– ha habido una escasa indignación pública por la desgracia que afecta a tantos alemanes. La censura se ha convertido en un problema de seguridad nacional.
Los espacios públicos de Alemania se han vuelto cada vez más peligrosos. Los migrantes han asaltado a las mujeres y menores alemanes en playas, carriles para bicicletas, cementerios, discotecas, supermercados, festivales de música, aparcamientos, parques infantiles, colegios, centros comerciales, taxis, transportes públicos (autobuses, tranvías, trenes de cercanías y metros), parques públicos, plazas públicas, piscinas públicas y aseos públicos. Ningún lugar es seguro.
El 1 de octubre, dos migrantes violaron a una mujer de 23 años en Luneburgo. Caminaba por un parque con su hijo pequeño cuando los dos hombres la rodearon por la espalda. Los hombres, que escaparon y siguen a la fuga, obligaron al menor a mirar mientras violaban por turnos a la mujer.
El 8 de octubre, un migrante sirio de 25 años toqueteó a una muchacha de 15 años en Moers. La chica respondió dándole una bofetada en la cara. El hombre llamó a la policía y se quejó de que la chica lo había maltratado. Fue detenido por agresión sexual.
El 18 de octubre, Sigrid Meierhofer, alcaldesa de Garmisch-Partenkirchen, en una carta urgente (Brandbrief) al Gobierno de Baviera, amenazaba con cerrar un centro que acogía a más de 250 personas, en su mayoría varones migrantes de África, si no se restablecía la seguridad y el orden público. La carta, filtrada al Münchner Merkur, decía que la policía municipal había atendido más llamadas de emergencias en las últimas seis semanas que en la suma de los 12 meses anteriores.
El 24 de octubre, una encuesta de YouGov reveló que el 68 % de los alemanes cree que la seguridad en el país se ha deteriorado en los últimos dos o tres años. Además, un 68 % de los encuestados dijo que temía por su vida y sus posesiones en las estaciones de tren y metro alemanas, mientras que el 63 % se sintió inseguro en grandes eventos públicos.
Entretanto, la Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt o BKA) ha ofrecido consejo a las alemanas sobre cómo pueden protegerse de los violadores: "Lleven zapatillas deportivas en vez de tacones altos para poder salir corriendo".
Soeren Kern es analista de política europea para el Instituto Gatestone en Nueva York. Síguelo en Facebook y en Twitter. Su primer libro, Global Fire, estará a la venta en 2016.