 El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha presentado un nuevo plan para reformar el sistema de asilo europeo. Un borrador de la propuesta filtrado muestra que todos los Estados miembros de la Unión Europea tendrían que aceptar inmigrantes ilegales. (Foto de Michele Tantussi/Getty Images) |
El ministro del Interior alemán, Horst Seehofer, ha presentado un nuevo plan para reformar el sistema de asilo europeo. Un borrador de la propuesta filtrado a los medios muestra que todos los Estados miembros de la Unión Europea tendrían que aceptar inmigrantes ilegales.
Los países de Europa Central y del Este se oponen a las reubicaciones obligatorias alegando que las decisiones sobre la concesión de los permisos de residencia deberían mantenerse en el nivel nacional. Han señalado que, al imponer cuotas de inmigrantes de forma unilateral a los países miembros de la UE, los burócratas no elegidos de Bruselas están intentando obligar a los líderes democráticamente elegidos de Europa que se sometan a sus dictados.
De hecho, el debate en curso sobre la inmigración es, en el fondo, sobre el federalismo europeo y el grado en que se permitirá que la Unión Europea usurpe los poderes de toma de decisiones de sus 28 Estados miembros.
Seehofer presentó su plan de cuatro páginas para reformar el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) a la nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en Bruselas, el 2 de diciembre. Se espera que ella dé a conocer sus propuestas sobre inmigración en febrero de 2020, antes de que comience la presidencia de seis meses de Alemania del Consejo Europeo, en julio de 2020.
El nuevo plan tiene como objetivo sustituir el Convenio de Dublín de la Unión Europea, una ley que exige que las personas que solicitan asilo en la UE lo hagan en el primer país europeo al que llegan.
Los países de Europa del sur —en especial Grecia e Italia— se han quejado de que, en el contexto de la inmigración masiva de África, Asia y Oriente Medio, el actual sistema coloca una carga injusta y desproporcionada sobre ellos. Dicen que todos los países miembros de la UE deberían asumir la misma responsabilidad sobre los inmigrantes que llegan a las costas europeas.
En el punto álgido de la crisis migratoria de Europa en septiembre de 2015, algunos países miembros de la UE votaron la reubicación de 120.000 inmigrantes desde Italia y Grecia a otras partes del bloque. Esta cifra se sumaba al plan de julio de 2015 de redistribuir a 40.000 inmigrantes desde Italia y Grecia.
Se ordenó a nueve países de Europa Central y del Este que, de los 160.000 inmigrantes que había que "compartir", aceptaran alrededor de 15.000. Aunque la República Checa, Hungría, Rumanía y Eslovaquia votaron contra el acuerdo, se les siguió exigiendo que lo acataran.
En septiembre de 2017, el tribunal supremo de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictaminó que el poderoso brazo ejecutivo de la Unión Europea tiene el derecho legal de ordenar a los países miembros de la UE que acepten los llamados solicitantes de asilo. También dictó que los países miembros de la UE no tienen ningún derecho legal a resistirse a esas órdenes.
Hungría y Eslovaquia, respaldados por Polonia, alegaron que la Unión Europea había incumplido sus propias normas y se había excedido en sus poderes cuando aprobó el sistema de cuotas con una "mayoría cualificada", en torno a dos tercios de los miembros del bloque. También adujo que el esquema de reubicación es una flagrante vulneración del Convenio de Dublín.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el voto de una mayoría cualificada bastaba porque la UE "no estaba obligada a actuar de forma unánime cuando adoptó la decisión impugnada". La sentencia, que no mencionaba el Convenio de Dublín, concluía: "El mecanismo, en realidad, contribuye a permitir que Grecia e Italia puedan afrontar el impacto de la crisis migratoria de 2015 y es proporcionado".
El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, calificó la sentencia del tribunal de "indignante e irresponsable" y "contraria a los intereses de los países europeos, incluida Hungría". Añadió: "La decisión pone en riesgo la seguridad de toda Europa y también del futuro de toda Europa".
En noviembre de 2019, el Tribunal de Cuentas Europeo informó de que, de los 160.000 inmigrantes que en teoría iban a repartirse los países miembros de la UE, sólo fueron reubicadas en última instancia 34.705 personas (21.199 desde Grecia y 12.706 desde Italia).
Los líderes de Francia e Italia, durante una reciente reunión bilateral en Roma, pidieron a la Unión Europea que introdujera un nuevo sistema automático de acogida de inmigrantes. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que estaba "convencido de que se necesita un mecanismo europeo automático para la recepción de inmigrantes", y que los países de la UE que se negaran a participar en el esquema serían "severamente penalizados".
El borrador filtrado de la propuesta de Seehofer afirma que el Convenio de Dublín crea "claros desequilibrios", ya que, en 2018, el 75% de todas las solicitudes de protección internacional fueron presentadas en sólo cinco Estados miembros".
El documento sostiene que el Convenio de Dublín es "ineficiente" porque "en toda la UE, los solicitantes son derivados al Estado miembro (originalmente) responsable en sólo el 3% de los casos", lo que significa que, en la práctica, los solicitantes de asilo no son devueltos al país al que llegaron primero.
La parte clave del documento pide que las solicitudes de asilo se valoren inmediatamente a la llegada a la frontera externa de la UE. Desde allí, una Agencia de Asilo de la Unión Europea (AAUE) de nueva creación "determinaría" qué país miembro es responsable de aceptar al solicitante y procesar su solicitud.
El plan de Seehofer pretende ser permanente y no limitarse a las situaciones de crisis. En particular, el plan no aborda el problema del retorno de los inmigrantes ilegales a sus países de origen.
El plan evita de forma estudiada utilizar el término "cuota", políticamente explosivo, y lo sustituye por "parte justa" (gerechter Anteil). El documento también omite el término "obligatoria", aunque se asume en todo momento que el esquema de reubicación de inmigrantes será obligatorio para todos los países miembros de la UE.
Si todo va según lo planeado, el proyecto de ley sería adoptado por el Parlamento Europeo en la segunda mitad de 2020, cuando Alemania ejerza la presidencia de la UE. Sería después ratificado por el Consejo Europeo, compuesto de los líderes de los países miembros de la UE.
El nuevo comisario europeo para la Protección del estilo de vida europeo en la Comisión Europea, Margaritis Schinas, expresó su apoyo al esquema:
La comisaria de Inmigración, Ylva Johansson, y yo, nos reunimos con Horst Seehofer. Estamos completamente de acuerdo con Alemania. Necesitamos este consenso de todos los Estados miembros, y estamos trabajando duro para alcanzarlo.
Sin embargo, el primer ministro checo, Andrej Babiš, manifestó su oposición al plan alemán. En una entrevista con la agencia de noticias checa ČTK, dijo que sabía lo que había detrás de la semántica de Seehofer:
Rechazamos fundamentalmente la inmigración ilegal. También rechazamos permitir que las bandas de traficantes decidan quién va a vivir en Europa. Rechazamos las cuotas y me sorprende que esta cuestión vuelva otra vez a la mesa de negociaciones. Espero que la nueva Comisión Europea ponga fin a esto.
El ministro del Interior checo, Jan Hamáček, dijo que la República Checa "coordinaría nuestra postura" con los demás miembros de los Cuatro de Visegrado (V4), una alianza cultural y política de cuatro Estados de Europa Central: la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia.
El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, dijo que el V4 no se iba a plegar a la presión de la UE para aceptar inmigrantes:
La postura del V4 es clara. No estamos dispuestos a admitir a ningún inmigrante ilegal en Europa central. El éxito y la seguridad de Europa central se deben a nuestro afán en una política antimigratoria firme, y esto va a seguir así.
Por eso Europa central es una de las regiones más exitosas de la actual Unión Europea, y su motor de crecimiento. No toleramos ningún tipo de presión, y los húngaros insistimos en nuestro derecho a decidir a quién permitimos entrar en nuestro país y con quién deseamos vivir.
Soeren Kern es miembro principal del Gatestone Institute, con sede en Nueva York.