 El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, no tiene el menor problema en decir a la Administración Biden y a los congresistas de EEUU lo que quieren oír a fin de recibir ayuda económica norteamericana. Abás cogerá el dinero y al mismo tiempo sus fuerzas de seguridad seguirán machacando a los palestinos que hagan negocios con judíos. En la imagen (Alex Brandon/Pool/AFP, vía Getty Images), Abás consulta una tarjeta con una declaración escrita durante la visita del secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, a Ramala el pasado 25 de mayo. |
El pasado 30 de junio un palestino fue condenado a siete años de cárcel con trabajos forzados por tratar de vender tierras a judíos israelíes. El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, fue condenado por un tribunal de la Autoridad Palestina (AP) de la ciudad de Ramala (Margen Occidental), capital de facto de los palestinos.
«El Tribunal de Primera Instancia de Ramala, representado por los jueces Ramez Yamhur, Ramez Musleh y Amyad al Shaar, emitió una sentencia condenatoria del acusado por escindir parte de la tierra del Estado de Palestina en favor del enemigo", informó Wafa, la agencia oficial de la AP. "Fue condenado a 7 años de prisión con trabajos forzados".
Escindir es el término que la AP utiliza para describir la transferencia de propiedad inmobiliaria de un palestino a un judío israelí. Ni que decir tiene que el "enemigo" es Israel.
La AP recurre a esta clase de terminología vaga para evitar las críticas de la comunidad internacional a su política de castigar a todo aquel palestino que venda tierras o viviendas a judíos israelíes. La AP no quiere que el mundo sepa que su legislación prohíbe vender propiedades al "enemigo" israelí.
En 2014, el presidente de la AP, Mahmud Abás, enmendó el artículo 114 del Código Penal jordano (1960), vigente en las áreas de la Margen Occidental controladas por la AP. Según la legislación jordana, quien trate de desgajar cualquier parte del territorio nacional para su anexión por parte de otro Estado será condenado a al menos cinco años de prisión con trabajos forzados. Abás aumentó la pena máxima hasta la cadena perpetua con trabajos forzados para todo aquel palestino culpable de vender o arrendar "parte de las tierras palestinas a un país extranjero o a un Estado hostil o a cualquiera de sus ciudadanos".
En 2018 un tribunal de la AP condenó a cadena perpetua a un palestino-americano. El individuo, Isam Akel, que dispone de carné de identidad israelí en su condición de residente en Jerusalén, fue acusado de tratar de vender propiedad jerosolimitana a judíos israelíes y fue condenado pese a las protestas de Israel y EEUU. El embajador norteamericano, David Friedman, dijo que el encarcelamiento de Akel era "antitético con los valores de EEUU y de todos aquellos que abogan por la coexistencia pacífica". La AP acabó liberando a Akel en enero de 2019 debido a las presiones del Gobierno estadounidense.
Akel tuvo suerte de tener pasaporte norteamericano. Otros palestinos con cargos similares siguen en prisión por carecer de él.
La sentencia del pasado 30 de junio demuestra que la AP está determinada a seguir castigando a los palestinos que venden propiedades a judíos israelíes. Asimismo, lanza una advertencia a los palestinos de que todo aquel que trate de realizar transacciones con judíos israelíes será enviado a prisión.
La guerra de la AP contra los palestinos sospechosos de vender propiedades a judíos israelíes no se limita a lo legal. En los últimos años, las autoridades religiosas palestinas han emitido una serie de edictos que prohíben a los musulmanes celebrar ese tipo de transacciones.
En 2018 el jeque Mohamed Husein, muftí palestino de Jerusalén, dictó una fetua (edicto religioso) en la que se proclamaba que la "tierra de Palestina" es un fideicomiso religioso inalienable que no puede ser vendido a "los enemigos" y prohibía a los musulmanes "facilitar la transferencia de propiedad de cualquier pare de Jerusalén o de la tierra de Palestina al enemigo [israelí]". Además, llamaba a los musulmanes a boicotear a quienes violaran la fetua y proscribía que estos fueran enterrados en cementerios musulmanes.
En 1996, Dar al Ifta, el consejo asesor islámico encargado de las prescripciones religiosas en Palestina, dictaminó que los musulmanes tienen vedado vender tierras a judíos y les urgió a boicotear a todos los implicados en ese tipo de transacciones por "heréticos y traidores".
Desde entonces, varios palestinos han sido eliminados por su presunta implicación en la venta de tierras a judíos, y se cuentan por decenas los detenidos. Tres sospechosos, cuyas identidades trascendieron, fueron condenados a 15 años de prisión con trabajos forzados.
Según el Servicio de Seguridad Preventiva de la AP (SSP), la represión de los sospechosos de vender tierras se lleva a efecto a instancias del liderazgo político palestino. "La venta de propiedades [a judíos] supone una peligrosa amenaza para la seguridad nacional [palestina]", manifestó por medio de un comunicado.
Cuando el SSP habla del liderazgo palestino se refiere a Abás y al Gobierno de la AP en la Margen Occidental. El SSP está de hecho admitiendo que Abás y la cúpula de la AP ordenan a las fuerzas de seguridad detener a cualquier palestino sospechoso de vender propiedades a judíos.
Es el mismo liderazgo palestino que le anda diciendo a la Administración Biden que está dispuesto a retomar el proceso de paz con Israel.
Aunque las fuerzas de seguridad de la AP siguen cazando a los palestinos sospechosos de hacer operaciones inmobiliarias con judíos, Abás dijo a los congresistas norteamericanos que le visitaron el pasado día 8 que sigue comprometido con una "paz justa e integral mediante negociaciones [con Israel] bajo los auspicios del Cuarteto", es decir, de EEUU, la UE, Rusia y Naciones Unidas.
Sin duda, los congresistas desconocen que las leyes de Abás castigan a los palestinos que venden tierras a judíos. Cabe también asumir que desconocen los decretos islámicos que prohíben a los musulmanes celebrar dichos acuerdos. Y lo desconocen porque los medios occidentales rara vez informan sobre las políticas de apartheid de la AP, que incluyen la prohibición de vender propiedades a los judíos.
Aun cuando Abás volviera a la mesa de negociaciones con Israel, no podría hacer concesiones territoriales a Israel por mor de la legislación y los edictos religiosos palestinos. Abás sabe que si hiciera esas concesiones jamás disfrutaría del privilegio de ser enterrado en un cementerio musulmán, tal como han dictado su muftí y los organismos religiosos islámicos.
Pero no tiene el menor problema en decir a la Administración Biden y a los congresistas de EEUU lo que quieren oír (sobre el proceso de paz con Israel y la denominada solución de los dos Estados) a fin de recibir ayuda económica norteamericana.
Abás cogerá el dinero y al mismo tiempo sus fuerzas de seguridad seguirán machacando a los palestinos que hagan negocios con judíos.