No hay duda de que las manifestaciones del parque Gezi en mayo y junio pasados, que se extendieron a la mayor parte de Turquía, supusieron un cambio radical en la sociedad turca, y han abierto líneas de falla que antes podían no ser visibles. Lo que comenzó como una manifestación contra la urbanización de un pequeño parque del centro de Estambul acabó como una amplia protesta contra el Gobierno del AKP, en particular contra el autoritarismo del primer ministro Erdogan.
La Comisión Europea ha reconocido este cambio en su último informe de situación sobre Turquía, cuando escribe sobre "el surgimiento de una ciudadanía vibrante y activa", y, según el presidente turco, Abdulá Gül, alabado en el informe por su papel conciliador, este desarrollo es "una nueva manifestación de nuestra madurez democrática". El Gobierno turco, empero, ha preferido considerar las manifestaciones como un desafío a su autoridad y ha actuado en consecuencia.
El informe menciona diversas medidas represoras adoptadas por el Gobierno, que incluyen el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía, el hecho de que columnistas y periodistas hayan sido despedidos u obligados a dimitir tras criticar al Gobierno, las multas a emisoras de televisión por transmitir en directo las manifestaciones y las redadas policiales contra los sospechosos de participar en dichas manifestaciones.
Sin embargo, en el informe de la UE no se menciona la campaña de denigración llevada a cabo por el primer ministro contra los manifestantes, o las represalias contra funcionarios que apoyaran o tomaran parte en las manifestaciones; tampoco se citan las medidas adoptadas para prevenir que se repitan las manifestaciones masivas, como una seguridad más estricta en campus universitarios, denegación de préstamos para educación a los estudiantes que participen en manifestaciones y prohibición de corear consignas políticas en partidos de fútbol.
No sólo los propios manifestantes han sido perseguidos; también los medios internacionales, a quienes el primer ministro Erdogan ha acusado de formar parte de una conspiración internacional para desestabilizar Turquía. También se ha acusado al "lobby de los tipos de interés" y "la diáspora judía". Como indica la Comisión, el Consejo de Mercados de Capital turco ha iniciado una investigación sobre las transacciones extranjeras para explicar la caída del 20% que se produjo en la Bolsa de Estambul entre el 20 de mayo y el 19 de junio, la cual tuvo más que ver con la reducción de la Reserva Federal estadounidense que con las manifestaciones del parque Gezi.
Sin embargo, un informe de agosto sobre dichas manifestaciones, realizado por el Eurasia Global Research Center (AGAM) y dirigido por un representante del AKP, consideró que la gestión de la situación por parte del Gobierno había sido "un error estratégico", y señaló que las sociedades respetuosas de la democracia exigen encuestas y diálogo entre el pueblo y las autoridades locales.
Polarización
La Comisión acierta, sin embargo, cuando concluye que persiste un clima de división política, incluida una polarización entre a los ciudadanos y las organizaciones y empresas civiles. Dicha conclusión se ve reforzada por el hecho de que las tareas de reforma política se ven obstaculizadas por una persistente falta de diálogo y de espíritu de compromiso entre los partidos. Además, el informe destaca la necesidad de realizar consultas de manera sistemática en materia legislativa con la sociedad civil y otras partes interesadas.
Esta división fue destacada en junio por el presidente del Parlamento turco, Cemil Çiçek, quien, durante una conferencia, deploró la falta de espíritu de compromiso en círculos intelectuales y políticos. Esa falta de compromiso no sólo se manifiesta en las ocasionales peleas a puñetazos entre parlamentarios: también lo hizo en julio, cuando el Gobierno del AKP votó en contra de una propuesta propia, creyendo que había sido presentada por la oposición. O cuando la oposición, dos días después, aprobó su propia propuesta mientras la mayoría gubernamental había salido para acudir a la oración.
El presidente Gül, en un mensaje de unidad con motivo del Eid al Fitr (en agosto, al final del Ramadán), instó a Turquía a dejar atrás la polarización y unirse con motivo de la candidatura para entrar en la Unión Europea. Pero crear una Turquía unida será difícil, dada la actitud del actual Gobierno. Ni siquiera el paquete de medidas democratizadoras presentado por el primer ministro Erdogan a finales de septiembre indica cambio sustancial alguno en el enfoque mayoritario respecto a la democracia que mantiene el Gobierno.
Dejando a un lado la referencia del primer ministro a los derechos humanos internacionales y al acquis (legislación) de la UE, puede considerarse que la supresión de la prohibición de llevar velo para la mayoría de empleadas públicas y una serie de concesiones a la minoría kurda son medidas destinadas a aumentar la popularidad de Erdogan antes de las elecciones locales del próximo marzo.
Una enmienda del Código Penal por la que se considera delito intervenir en los estilos de vida personales, que constituía un curioso añadido al paquete de medidas democratizadoras, fue anulada una semana después, cuando una presentadora de televisión fue despedida después de que el portavoz del Gobierno del AKP, Husein Çelik, se quejara de que su escote era "excesivo". El sentimiento de indignación que impulsó las manifestaciones del parque Gezi iba dirigido, de hecho, contra la intervención gubernamental en las vidas de la gente, y en oposición a las intenciones declaradas por Erdogan de crear "una generación religiosa".
Ayer, el Consejo de Asuntos Generales de la UE se reunía para debatir el inicio de una nueva ronda de negociaciones con Turquía respecto a políticas regionales; dichas negociaciones se habían pospuesto tras la represión turca de los manifestantes del parque Gezi. Sin embargo, el compromiso europeo respecto a proseguir las negociaciones sobre la adhesión turca a la UE ya no se ve correspondido por un similar interés por parte de Turquía.
Las encuestas señalan que ha disminuido el apoyo a la entrada en la UE (ya sólo un 19% cree que Turquía se convertirá en miembro), y hace poco el principal asesor de Erdogan, Yigit Bulut, sostenía en el diario turco Star que el país debería renunciar a su candidatura, a cambio de convertirse en líder de un "nuevo orden mundial" que surgiría en Oriente Medio, Asia Central y África.
En octubre, en el Forum Estambul, Ibrahim Kalin, otro de los principales asesores del primer ministro, despreciaba la visión eurocéntrica y hablaba de una decisión consciente por parte de los políticos turcos de redefinir las prioridades estratégicas del país para el siglo XXI. Podemos considerar que la decisión turca de adoptar un sistema de defensa aérea chino, en vez de uno de otro socio de la OTAN, es un paso en esta nueva orientación geopolítica.