Hay decisiones tan estúpidas que pueden llevar a gritar a gente poco comedida. Veamos un caso reciente registrado en Gran Bretaña.
Durante años, el de los abusos sexuales a menores por parte de varones musulmanes, principalmente de origen paquistaní, ha sido un asunto soterrado en Gran Bretaña. Han circulado informes al respecto durante gran parte de los últimos quince años. Pero se han tratado no sólo con temor sino con pavor.
Once años atrás, en 2004, el Canal 4 iba a retransmitir el documental En los límites de la ciudad. Aparecían de padres de chicas –de tan solo 11 años en algunos casos– de las que habían abusado bandas de hombres descritos como "asiáticos". Pero había un problema. Se acercaban las elecciones al Parlamento Europeo. Se esperaba que el extremista y supuestamente racista Partido Nacional Británico (BNP) obtuviera un buen resultado en ciertas partes del norte de Inglaterra. La organización Unidos contra el Fascismo –que, por cierto, a menudo actúa a la manera fascista– estaba entre las asociaciones que pedían que el documental fuera retirado. El momento elegido para su emisión fue ciertamente problemático: los líderes del BNP se jactaban de que el documental favorecería a su partido como si se tratara de un anuncio electoral. La Policía apoyó a los que mostraban preocupación al respecto; finalmentr el Canal 4 decidió no emitirlo hasta después de las elecciones.
Nadie quería contribuir a que grupos extremistas se aprovecharan de la historia. Pero la historia estaba ahí y tenía que ser contada. El escándalo por la postergación de la emisión fue tal que cundió la idea –no infundada, como se demostró– de que se estaba tratando de quitar hierro al documental desde altas instancias, Policía y autoridades locales incluidas.
La idea persiste. Sólo por el valeroso Times de Londres, con su periodista Andrew Norfolk, y un puñado más de medios las violaciones grupales ocupan el espacio que merecen en las portadas.
En los últimos años la sociedad ha sabido que los crímenes han sido más numerosos de lo que nadie hubiera podido imaginar y que se habían cometido en mucho más lugares de lo que se pensaba. Pues no sólo se han dado en el norte de Inglaterra.
Hace dos años, en el juicio por la operación Bullfinch en el Old Bailey de Londres, siete hombres, todos ellos de extracción musulmana, fueron declarados culpables de 59 delitos de abuso de menores y explotación infantil. Los detalles del caso son penosos: drogaron y violaron colectivamente a al menos seis chicas durante varios años. Estas violaciones no sólo se produjeron en algunas ciudades perdidas del norte, también en la ciudad universitaria de Oxford y sus alrededores. Delitos de naturaleza similar han llegado a los tribunales en los últimos años. Periódicos como el Times merecen un gran reconocimiento por dar relevancia a estos casos y tratarlos con miramiento y sobriedad.
Persiste la idea de que estos delitos siguen siendo ignorados o encubiertos. Una investigación oficial independiente sobre de la explotación de menores en Rotherham publicada el año pasado encontró fallas en prácticamente todos los niveles de la Administración. Según el Informe Jay, sólo en el área de Rotherham había unas 1.400 niñas que habían sido víctimas de estos desmanes entre 1997 y 2013. En el texto se expone implacablemente cómo fallaron todas las instituciones, la Policía, el Ayuntamiento, los servicios sociales, durante el periodo en cuestión. Difícilmente se podría imaginar una cadena de fallos institucionales más condenable.
Incluso en pleno escándalo nacional por este caso, el asunto sigue siendo un tema tabú. La semana pasada, en Bradford, 14 adultos y un joven de 16 años fueron acusados de "la violación y el abuso sexual de una menor de 16". Al parecer, los delitos se produjeron entre 2011 y 2012. Los hombres, la mayoría veinteañeros pero el mayor de los cuales tiene 62 años, conforman una lista de nombres tristemente familiar: Khan, Ali, Mahmood, Younis, Hussain. Aunque se informó al respecto en la prensa local, el caso ha sido objeto de un simple reportaje de la BBC en la prensa nacional. Puede que ésta esté esperando al inicio del juicio, ¿o puede que estén sucediendo otras cosas? Así es. Delitos de esta índole siguen ocultándose debajo de la alfombra por razones políticamente correctas, a despecho del daño que se ha hecho a unas crías. El tema es un verdadero polvorín.
Todo esto me lleva a lo que es digno de gritarse. En medio de todo esto –todos estos innegables años de encubrir, evitar y temer que los grupos extremistas hagan presa sobre este asunto–, la furia popular está estallando en las ciudades donde se han registrado abusos. En algunas zonas del norte de Inglaterra se han producido protestas contra el abuso de menores. Algunas pueden tener un carácter poco agradable; por ejemplo, cuando acogen a gente que erróneamente culpa a "todos los musulmanes" de ser de alguna manera responsables de estos delitos. Pero mientras sean legales, debe permitirse su celebración. No todo el mundo tiene una columna en la prensa nacional o puede hacerse escuchar a través de las ondas. Esto no quiere decir que algunos de los grupos que organizan estas protestas –como la Liga Inglesa de Defensa y Primero Gran Bretaña– sean una delicia. Pero cabe imaginar a un vecino decente que quiera que se escuche su voz y queriendo marchar en contra del fracaso general de las autoridades de una localidad que ha cobrado mala fama.
Al parecer, ahora el Ayuntamiento de Rotherham trata de arrebatar a la gente incluso esa potestad. La semana pasada reclamó a la Secretaría de Interior poderes de emergencia para prohibir las manifestaciones contra los abusos a menores. Por razones de presupuesto, adujeron. Según un periódico local, una sola protesta registrada el pasado mes de septiembre le costó a la ciudad más de un millón de libras; desde luego, una terrible pérdida de recursos.
Nadie puede negar que ese tipo de manifestaciones –y las contramanifestaciones– pueden ser un gran estorbo para, por ejemplo, los comercios del lugar. Pero con sólo pensar en prohibir estas marchas los miembros del Ayuntamiento de Rotherham están cometiendo uno de los mayores errores imaginables. Que se han tapado o ignorado los abusos de menores en la zona no es una opinión, sino un hecho probado. La indignación popular ante semejantes horrores es comprensible. Si se prohíben las expresiones legítimas de tal indignación, sólo puede suceder una cosa: que la gente asuma que está pasando algo aun peor. Una ciudad cuyas autoridades permitieron durante una década que se violara a menores pero que ahora prohíbe las manifestaciones contra la violación de menores está dando pie a un nuevo victimismo del que no puede salir nada bueno. Los gritos de rabia, especialmente estos, deben ser protegidos, especialmente cuando se basan en hechos.