Las autoridades alemanas están aplicando tácticas de mano dura para encontrar vivienda para los cientos de miles de migrantes y refugiados que han llegado al país, procedentes de África, Asia y el Medio Oriente.
Con los refugios existentes completamente llenos, las autoridades federales, estatales y locales están utilizando dudosas medidas legales y morales — incluyendo la expropiación de la propiedad privada y el desalojo de los ciudadanos alemanes de sus hogares — para acomodar a los recién llegados.
Los contribuyentes alemanes también están siendo obligados a hacer enormes sacrificios económicos para dar cabida a la afluencia de migrantes, muchos de los cuales no tienen ninguna posibilidad de encontrar trabajo en el país. El sostenimiento de los 800.000 migrantes y refugiados que se espera lleguen a Alemania en el año 2015 le costará a los contribuyentes por lo menos 11 millones de euros (12 mil millones de dólares) al año durante los próximos años.
A medida que la crisis migratoria se intensifica, y los alemanes están tomando conciencia de la magnitud de los costos económicos, financieros y sociales que tendrán que sobrellevar en los próximos años, la ira está creciendo.
En Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, el 23 de septiembre funcionarios municipales presentaron un osado proyecto de ley en el parlamento local (Hamburgische Bürgerschaft) que permitiría a la ciudad apoderarse de bienes raíces comerciales desocupados (edificios de oficinas y tierra) para albergar a los migrantes.
Las autoridades muicipales argumentan que la medida es necesaria debido a que cada día llegan a Hamburgo más de 400 nuevos migrantes y todos los centros de acogida existentes se encuentran llenos. Las autoridades dicen que los propietarios de los bienes inmuebles desocupados se han negado a poner su propiedad a disposición de la ciudad de manera voluntaria, por lo tanto ésta debe tener el derecho de tomarlos por la fuerza.
La medida, que será sometida a votación en el Parlamento de Hamburgo dentro de las próximas dos semanas, está siendo aplaudida por los partidos políticos de izquierda. "Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que los refugiados no se queden sin techo durante el próximo invierno", dijo el senador Till Steffen del Partido Verde. "Por esta razón, tenemos que usar las propiedades comerciales desocupadas".
Otros argumentan que los esfuerzos realizados por el Estado para apoderarse de la propiedad privada son autocráticos y suenan a comunismo. "La propuesta de confiscar edificios y terrenos privados es un ataque masivo contra el derecho a la propiedad de los ciudadanos de Hamburgo", dijo André Trepoll de la Unión Demócrata Cristiana de centro-derecha (CDU). "Esto equivale a una expropiación por parte del estado". Dijo además que la medida propuesta es una "ley de intimidación", que equivale a la "rotura de un embalse político con implicaciones de gran alcance". Y agregó: "Los fines no justifican los medios".
El líder de los Demócratas Libres (FDP) en Hamburgo, Katja Suding, dijo que el proyecto de ley es un "cruce inaceptable de líneas rojas... Éstas medidas coercitivas sólo alimentarán el resentimiento contra los refugiados".
En Tübingen, una ciudad en Baden-Württemberg, el alcalde Boris Palmer (también del Partido Verde), está ofrenciendo alquilar o comprar propiedades vacantes para acomodar a los migrantes, pero también amenaza con confiscar la propiedad de aquellos dueños que se atrevan a rechazar su oferta. En una entrevista con el periódico Die Welt, Palmer dijo:
"En las ofertas escritas, informo que la Ley de Policía (Polizeigesetz) nos da la posibilidad de confiscar domicilios durante varios meses en casos de emergencia. La ley establece la incautación en caso de emergencia. Quiero evitarlo, pero si no hay otra manera, voy a hacer uso de esta ley".
Cuando se le preguntó si tenía miedo de ser demandado, respondió:
"No. La Ley de Policía tiene reglas claras. Cuando la ciudad se ve amenazada con personas sin hogar, las viviendas vacías pueden ser confiscadas. Ésta emergencia se da cuando los alojamientos están superpoblados, y nosotros continuamos recibiendo 50 nuevos migrantes en Tübingen. Si una propiedad es confiscada, ordenaremos de inmediato su ejecución, es decir, que una demanda hecha para determinar la legalidad del embargo sólo puede resolverse después de que la apropiación se haya llevado a cabo. En cualquier caso se realizará el alojamiento".
En febrero de 2015, las autoridades de Renania del Norte-Westfalia (NRW) incautaron un complejo privado en la ciudad de Olpe para proporcionar vivienda hasta para 400 migrantes. El plan inicial era que la ciudad compraría el complejo de sus dueños bávaros y lo alquilaría a NRW, pero en su lugar las autoridades de NRW decidieron confiscar la propiedad. Según el ministro del Interior de NRW, Ralf Jäger, las propiedades pueden ser embargadas siempre que exista una "amenaza para el orden público y la seguridad", y la amenaza de una cantidad masiva de migrantes sin techo se ajusta a la ley.
En Nieheim, otra ciudad en NRW, el alcalde, Rainer Vidal, está utilizando una maniobra legal llamada "derecho a retomar posesión" (Eigenbedarf) para cancelar los contratos de arrendamiento de ciudadanos alemanes que viven en edificios de apartamentos que son propiedad del estado, para que los migrantes pueden habitarlos.
El 1 de septiembre, Bettina Halbey, una mujer de 51 años, que ha estado viviendo en su apartamento durante más de 16 años, recibió una carta notificándole que debe desalojarlo en mayo de 2016, para que los migrantes puedan habitarlo. Halbey estaba fuertemente conmocionada:
"Me toma completamente por sorpresa. Me resulta imposible entender cómo la ciudad puede tratarme así. No sé cómo enfrentarme a esta situación. Toda mi vida he luchado con el dolor y la tristeza y ahora he recibido una orden de desalojo. Ésto es como una patada en el estómago".
Halbey, una enfermera, dice que será difícil para ella encontrar otro lugar para vivir: "Yo tengo un perro y un gato. Muchos propietarios ni siquiera me considerarán para alquilar".
En el mismo edificio, una madre soltera con dos hijos tiene hasta agosto de 2016 para salir de su apartamento, nuevamente para hacer sitio para los migrantes. Inicialmente, había recibido la orden de abandonar la propiedad antes de noviembre de 2015, pero su desalojo fue retrasado para permitir que su hija termine el año escolar sin interrupciones.
En una entrevista con el diario Westfalen-Blatt, Vidal, un político independiente que no pertenece a ningún partido, dijo: "Yo sé que ésta es una medida poco convencional, pero como comunidad, tenemos la obligación de proporcionar vivienda para los migrantes". Dijo que quería convertir todo el edificio de apartamentos en viviendas para los migrantes. Vidal dijo que alojarlos en otro sitio no sería viable económicamente.
En algunos casos, los propietarios están desalojando residentes que llevan muchos años debido a que el gobierno les está ofreciendo más dinero por alojar a los migrantes de lo que están recibiendo de alquiler por los inquilinos actuales.
En Braunsbedra, una pequeña ciudad en el estado de Sajonia-Anhalt, el propietario de un edificio de apartamentos desalojó a decenas de residentes para dar paso a los migrantes. Según los medios locales, el dueño, Marcus Skowronek, está recibiendo 552 euros ($617) por cada migrante que aloja. Por acomodar a tantos migrantes en su propiedad como le sea posible, él puede recibir pagos de gobiernos locales y regionales por más de 2 millones de euros.
Cuando los reporteros de la cadena pública Mitteldeutscher Rundfunk visitaron la propiedad para entrevistar a Skowronek, él dijo:
"Les estoy pidiendo que abandonen el local. Tienen prohibido (Hausverbot) entrar al edificio. Por favor, salgan de la propiedad. Lo siento, de lo contrario voy a tener que llamar a la policía. Por favor, váyanse".
El Instituto de Desarrollo Urbano, Vivienda y Préstamos Hipotecarios de Berlín (Berliner Institut für Städtebau, Wohnungswirtschaft und Bausparwesen, IFS) ha advertido que, debido a la alta afluencia de migrantes, la demanda de viviendas superará la oferta durante muchos años. De los 285.000 permisos de construcción aprobados en 2014, solamente 56.000 fueron para construir edificios de varias unidades de apartamentos que son adecuados para los migrantes.
El IFS está ahora llamando a iniciar un proceso para que los alemanes que actualmente están viviendo en viviendas de bajo costo, pero que pueden pagar alojamientos más caros, salgan de sus casas para dar lugar a los migrantes. Según el IFS:
"Teniendo en cuenta que los migrantes no pueden darse el lujo de alquilar propiedades nuevas, ya que la gran mayoría sólo puede pagar viviendas baratas, se debe iniciar una reacción en cadena de mudanzas (Umzugsketten) en la que los hogares con ingresos más altos compren o construyan alojamientos más caros para ellos mismos, con el fin de liberar las viviendas menos costosas para los migrantes".
El IFS no explica por qué los alemanes que están viviendo dentro de sus posibilidades, deberían inesperadamente contraer una deuda para comprar una casa más cara.
Los alemanes no solamente están siendo desalojados de sus hogares para dar lugar a los migrantes, también están siendo removidos de sus escuelas.
En Lübbecke, otra ciudad en NRW, profesores y estudiantes de Jahn-Realschule, una escuela secundaria con 150 alumnos, tuvieron menos de 24 horas para desalojarla, con el fin de albergar a 300 migrantes en el edificio.
El director de la escuela, Marion Bienen, dijo que las autoridades municipales le notificaron a las 17:30 del martes 15 de septiembre, que el último día de clases en la escuela sería el miércoles, 16 de septiembre. Los estudiantes recibieron la orden de retirar de manera inmediata todas sus pertenencias de las instalaciones y tomar una semana de descanso hasta que se pudiran encontrar otros salones. Bienen dijo:
"Mis estudiantes también son seres humanos. No se les puede tratar de esta manera. Se les dio 15 minutos para retirar sus pertenencias del salón de clases. Después tuvieron que salir. La evacuación fue como en los tiempos de guerra .... No hubo discusiones. Nadie nos advirtió".
El Centro de Estudios Económicos, un think tank con sede en Munich, ha publicado un informe advirtiendo que la mayoría de los migrantes que llegan a Alemania carecen de los requisitos más básicos para encontrar trabajo en el país. Esto implica que se convertirán en una carga de largo plazo para el estado y por lo tanto en un lastre para la economía alemana. El informe aconseja reducir el salario mínimo como una manera de prevenir un aumento en la tasa de desempleo:
"Para asegurar que la crisis de los refugiados no conduce a una sobrecarga financiera permanente para los contribuyentes alemanes, los refugiados deben encontrar empleo remunerado tan pronto como sea posible, de modo que puedan sufragar sus propios gastos. Se teme que muchos de ellos no podrán encontrar empleo en el salario mínimo de 8.50 euros, ya que su productividad simplemente es demasiado baja. Por lo tanto, el salario mínimo debería reducirse, de modo que la tasa de paro no se incremente".
Mientras tanto, los políticos están exigiendo que los ciudadanos alemanes hagan más para asegurar que los migrantes se sientan como en casa. Sin embargo, un relato de primera mano de los acontecimientos en un albergue de refugiados expresa la frustración de muchos alemanes que ven una falta de gratitud:
"Desde hace aproximadamente una semana, 500 migrantes y refugiados están siendo alojados en el gimnasio de nuestro barrio. Así que me acerqué porque quería ver las condiciones allí con mis propios ojos. Había unos diez vehículos de la Cruz Roja y de voluntarios.
"Hombres mayores de 60 años estaban descargando mesas y bancos de los camiones, limpiándolos con un cubo de agua y un paño, y luego llevándolos al salón....
"Lo que me hizo enojar fue ver el increíble letargo de los hombres jóvenes. Todos ellos de entre 20 y 30 años, allí sentados, fumando y mirando sus teléfonos celulares, mientras que los voluntarios de 60 años trabajaban sin cesar...
"Mientras estaba viendo cómo los voluntarios de la Cruz Roja estaban trabajando y nadie les ayudaba, vi una situación increíble: un señor de edad estaba tratando de llevar una mesa al salón, cuando un refugiado regresó del centro de la ciudad con una bolsa de compras. El anciano voluntario levantó una parte de la mesa, miró al migrante y movió la cabeza pidiédole que éste le diera una mano. El migrante se detuvo un momento y luego simplemente se fue. Apenas podía creer lo que vi".
Soeren Kern es analista de política europea para el Instituto Gatestone en Nueva York. Síguelo en Facebook y en Twitter. Su primer libro, Global Fire, saldrá a principios de 2016.