Las autoridades de Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania, han empezado a confiscar viviendas privadas para mitigar la escasez de vivienda, la cual se ha visto gravemente exacerbada por la decisión de la canciller, Angela Merkel, de permitir la entrada en el país a más de dos millones de migrantes en los últimos años.
Los funcionarios municipales se han apoderado de propiedades comerciales y las han convertido en refugios para migrantes desde finales de 2015, cuando Merkel abrió las fronteras alemanas a cientos de miles de migrantes de África, Asia y Oriente Medio. Ahora, en cambio, la ciudad está expropiando viviendas que son propiedad de ciudadanos privados.
Las autoridades de Hamburgo tomaron la insólita medida de confiscar seis unidades residenciales en el distrito de Hamm, cerca del centro de la ciudad. Las unidades, que son propiedad de un terrateniente privado, necesitan reforma y llevan vacías desde 2012. Un administrador nombrado por el Ayuntamiento está ahora renovando las propiedades y las alquilará —contra la voluntad del propietario— a los arrendatarios que elija el Ayuntamiento. La portavoz del distrito, Sorina Weiland, dijo que todos los costes de la renovación serán facturados al propietario de las viviendas.
La expropiación está autorizada por la Ley de Protección de la Vivienda de Hamburgo (Hamburger Wohnraumschutzgesetz), una ley de 1982 que fue actualizada por el gobierno socialista municipal en mayo de 2013 para permitir que el Ayuntamiento se apoderara de cualquier unidad residencial que llevase vacía más de cuatro meses.
Se dice que el alquiler forzoso, el primero de este tipo en Alemania, tiene por objetivo presionar a los propietarios de otras residencias vacías de la ciudad para que las pongan en alquiler. De las 700.000 viviendas de alquiler en Hamburgo, se cree que entre 1.000 y 5.000 están vacías (menos del 1%), según el cálculo del Senado de Hamburgo.
 Hamburgo, Alemania. (Imagen: Morris MacMatzen/Getty Images). |
Los socialistas y los verdes de Hamburgo habilitaron hace poco una línea telefónica para que los residentes pudiesen informar de propiedades vacías. Los activistas también han creado una página web, Leerstandsmelder (Detector de viviendas vacías) para identificar inmuebles no ocupados en Hamburgo y otras ciudades alemanas.
Aún se desconoce el motivo por el que el propietario de Hamm mantuvo vacíos sus apartamentos durante más de cinco años. Algunos han sugerido que, dada la ubicación de los inmuebles, los costes de la reforma podrían ser demasiado altos y seguramente no se compensarían por los ingresos del alquiler.
Otros culpan al Ayuntamiento por no dar más permisos de construcción de obra nueva. Un estudio realizado en 2012 —mucho antes de que la crisis migratoria alcanzara proporciones épicas— predijo que para 2017 Hamburgo tendría un déficit de al menos 50.000 viviendas de alquiler.
En 2016, sin embargo, sólo salieron al mercado 2.433 nuevas viviendas, mientras que sólo se aprobaron 2.290 permisos de construcción nuevos, según las estadísticas ofrecidas por el Ayuntamiento de Hamburgo. Las cifras eran ligeramente superiores a las 2.192 nuevas viviendas y los 2.041 nuevos permisos aprobados en 2015.
En 2012, el gobierno socialista de Hamburgo presentó un plan para construir 6.000 nuevas viviendas al año. El plan nunca se materializó, sin embargo, porque los posibles constructores se veían constreñidos por los límites al precio del alquiler impuestos por el gobierno, lo que imposibilitaba que pudiesen recuperar siquiera los costes de construcción.
Desde entonces, el Ayuntamiento ha estado confiscando propiedades privadas para resolver su autoinfligida crisis inmobiliaria.
El 1 de octubre de 2015, el Parlamento de Hamburgo (Hamburgische Bürgerschaft) aprobó una nueva ley que permite al Ayuntamiento apoderarse de inmuebles comerciales vacíos (terrenos y edificios de oficinas) y utilizarlos para alojar a migrantes.
Las autoridades municipales dicen que la medida era necesaria porque, en ese momento, estaban llegando a Hamburgo más de 400 migrantes al día y los centros de refugiados existentes estaban llenos. Dijeron que, debido a que los propietarios de inmuebles vacíos se negaban a poner voluntariamente sus propiedades a disposición del Ayuntamiento, éste debía tener el derecho de tomarlas por la fuerza.
La medida fue aplaudida por aquellos en la izquierda del espectro político. "Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que los refugiados no se queden sin techo cuando llegue el invierno", dijo el senador Till Steffen, del Partido de los Verdes. "Por esta razón, tenemos que usar propiedades comerciales vacías".
Otros han aducido que el empeño del Estado en confiscar propiedades privadas es autocrático y apesta a comunismo. "La propuesta de confiscar tierras y edificios privados es un ataque masivo contra los derechos sobre la propiedad de los ciudadanos de Hamburgo", dijo André Trepoll, del centroderechista Unión Demócrata Cristiana (CDU). "Equivale a una expropriación por parte del Estado". Dijo que la medida propuesta es "una ley de intimidación" que equivale a "una rotura política de presas que tendrán consecuencias de gran alcance". "Los fines no justifican cualquier medio".
Katja Suding, líder de los Demócratas Libres (FDP) en Hamburgo, dijo que la proposición de ley supone "un intolerable traspaso de líneas rojas [...] Esas medidas coercitivas sólo alimentarán el resentimiento contra los refugiados".
Se han propuesto medidas similares de expropiación en Berlín, la capital alemana, pero se desecharon por ser consideradas inconstitucionales.
En noviembre de 2015, los legisladores de Berlín consideraron unas leyes de urgencia que habrían permitido a las autoridades locales apropiarse de residencias privadas para albergar a los solicitantes de asilo. La propuesta habría autorizado a la policía a entrar por la fuerza en casas y apartamentos privados, sin orden judicial, para determinar su idoneidad para acoger a refugiados y migrantes.
La ley, propuesta por el alcalde de Berlín, Michael Müller, del partido centroizquierdista de los Socialdemócratas (SPD), habría enmendado la Sección 36 de la Ley de Orden Público y Seguridad de Berlín (Allgemeine Gesetz zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung), que actualmente permite a la policía entrar en residencias privadas sólo en casos extremos, para "prevenir amenazas graves", es decir, para combatir el verdadero crimen. Müller quería ampliar el ámbito de las inspecciones sin orden judicial para "evitar que hubiese personas sin techo".
La propuesta se ocultó a la opinión pública hasta que el líder de los Demócratas Libres (FDP) en Berlín, Sebastian Czaja, alertó de que la medida vulneraba la Constitución alemana. Dijo:
El plan del Senado de Berlín para requisar propiedades residenciales y comerciales sin el consentimiento del propietario con el fin de alojar a migrantes vulnera flagrantemente la Constitución. El intento del Senado de socavar el derecho constitucional sobre la propiedad y la inviolabilidad del domicilio debe encontrarse con la más resuelta oposición.
Desde entonces, tanto el gabinete del alcalde como el Senado parecen haber abandonado sus planes.
Tras haber investigado, Gunnar Schupelius, columnista del periódico berlinés BZ, escribió:
Este fin de semana ha estado circulando una extraña información: que el Senado iba a autorizar a la policía a entrar en domicilios privados para alojar a refugaidos, incluso contra la voluntad del propietario. Pensé que era una mera sátira, y después un malentendido, porque la Ley Fundamental, en su Artículo 13, estipula que: "El domicilio es inviolable.
Así que me puse a investigar la fuente de esta extraña información y la encontré. Existe una "propuesta" que la Cancillería del Senado (Senatskanzlei) ha hecho circular entre los senadores. La Cancillería del Senado es como se llama también el gabinete del alcalde. El secretario permanente es Björn Böhning, del SPD. [...]
La propuesta es clara: La policía puede entrar en una propiedad privada sin una orden judicial para buscar alojamiento para los refugiados cuando éstos estén bajo amenaza de quedarse sin techo. Lo puedes hacer "sin el consentimiento del propietario". Y no sólo se debería permitir a la policía hacer esto, sino también a las agencias regulatorias.
Esta delicada "propuesta" ha despertado escasa atención pública. Sólo el secretario general del FDP en Berlín, Sebastian Czaja, ha alzado la voz y alertado de "una abierta predisposición a vulnerar la Constitución". A nivel interno se tendría que haber protestado. La "propuesta" desapareció repentinamente de la mesa. ¿Se ha ido del todo, o volverá?!
Aún no se sabe por qué nadie ha impugnado la constitucionalidad de la ley de expropiaciones de Hamburgo.
Mientras, algunos alemanes se preguntan qué será lo siguiente: ¿Limitarán ahora las autoridades la cantidad máxima de espacio vital por persona y obligarán a los que tienen apartamentos más grandes a compartirlos con extraños?
Soeren Kern es analista de política europea para el Instituto Gatestone en Nueva York. Síguelo en Facebook y en Twitter.