El Parlamento francés ha aprobado una histórica ley de recolección de datos de inteligencia que da amplios poderes al estado para espiar a los ciudadanos.
El gobierno dice que la nueva ley — que se dio de manera rápida después de los ataques a las oficinas de Charlie Hebdo en París — está destinada a prevenir el terrorismo islámico.
Pero grupos de defensa de la privacidad dicen que la ley, conocida como "Patriot Act à la française", es tan vaga e intrusiva y centraliza el poder de vigilancia hasta tal grado, que plantea una amenaza inaceptable para las libertades civiles en Francia.
La ley sobre la recopilación de datos de inteligencia se adoptó en la cámara baja de la Asamblea Nacional el 5 de mayo por una amplia mayoría: 438 votos a favor, 86 en contra y 42 abstinencias.
El proyecto de ley ha recibido un amplio apoyo de los dos principales partidos Franceses: el gobernante Partido Socialista, liderado por el presidente francés, François Hollande, y la oposición de centro-derecha, Unión por el Movimiento Popular (UMP), liderado por el ex presidente francés, Nicolás Sarkozy.
La ley pasará ahora al Senado, donde se espera que sea aprobada y podría entrar en vigor a partir de julio.
La ley de 100 páginas (PDF aquí) — que actualiza una directiva de 1991, antes de que la Internet y los teléfonos móviles se volvieran omnipresentes — establece el marco jurídico en el que seis diferentes agencias de inteligencia de Francia pueden recopilar información.
La ley permite a las autoridades francesas monitorear las comunicaciones digitales de cualquier persona vinculada a una investigación terrorista, y también autoriza vigilarla si se considera necesario para proteger "la independencia nacional, la integridad territorial y la defensa nacional".
Sin embargo, lo más controversial, es que la ley va mucho más allá de la prevención del terrorismo, ya que incluye un lenguaje vago que los críticos dicen que es confuso y deja la puerta abierta a futuros abusos. La ley establece, por ejemplo, que la vigilancia es permitida si respalda "los intereses más importantes de la política exterior", promueve "intereses industriales y científicos", y/o evita "ataques contra la forma republicana de instituciones del gobierno".
La ley también permite que las agencias de inteligencia francesas instalen las llamadas "cajas negras" (boîtes noires) conectándolas a los servidores para la recolección masiva de metadatos. Por otra parte, la ley permite que espías del gobierno instalen cámaras y micrófonos en casas particulares, así como el software "keylogger" para grabar las pulsaciones del teclado en tiempo real en los equipos monitoreados.
Este seguimiento no requerirá la autorización previa de un juez, y los proveedores de servicios de Internet (ISP) así como las empresas de telefonía deberán entregar la información al gobierno cuando éste la solicite. Las autoridades francesas estarían autorizadas a conservar las grabaciones durante un mes y los metadatos durante cinco años.
La ley establece la Comisión Nacional para el Control de Técnicas de Inteligencia (Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, CNCTR), un comité de nueve personas dirigido por el primer ministro, que según el gobierno, se encargará de supervisar las operaciones de vigilancia.
Pero los grupos de defensa de la privacidad dicen que el establecimiento de la CNCTR no tiene sentido porque no tiene poder real. La labor de la Comisión está limitada a proveerle al primer ministro asesoramiento y no lo puede desautorizar.
La CNCTR puede presentar sus preocupaciones a la corte administrativa más alta de Francia, el Consejo de Estado (Conseil d'État), que tiene la facultad de ordenar poner fin a la vigilancia. Sin embargo los críticos dicen que la función de supervisión de la CNCTR es ilusoria y que la ley realmente centraliza el poder de vigilancia, dejándolo en las manos de unos pocos individuos.
En un discurso ante el Parlamento el 13 de abril, el primer ministro francés, Manuel Valls defendió la ley, que según dijo está "estrictamente centrada en la prevención de amenazas graves". Y añadió: "Las críticas y posturas que evocan una ley del patriotismo Francés o un estado policial, son mentiras irresponsables, dado el ambiente de amenazas al que nos enfrentamos".
Una encuesta de opinión publicada el 13 de abril encontró que casi dos tercios (63%) de los ciudadanos franceses estaban a favor de restringir las libertades civiles con el fin de luchar contra el terrorismo. Sólo el 33% dijo que se oponía a que sus libertades fueran reducidas, aunque este número aumentó de manera significativa entre los encuestados más jóvenes.
En cualquier caso, el proyecto de ley, que algunos llaman el "Gran Hermano francés", ha encontrado una fuerte oposición por parte de líderes empresariales, periodistas, partidos políticos de extrema izquierda, grupos de libertades civiles, abogados y activistas de Internet.
Laurence Parisot, la ex presidenta de Medef, el mayor lobby empresarial de Francia, ha llamado a la nueva ley "libertad asesina" (liberticide). En una entrevista el 17 de abril con L'Obs, dijo que era "draconiana y peligrosa", y añadió:
"Estoy horrorizada por esta ley. Un país como el nuestro no puede negar sus principios básicos: la libertad individual y la protección de las personas. Me resulta imposible abandonar estos principios. Sin embargo, esto es lo que está sucediendo con el proyecto de ley de inteligencia. Esto va a cambiar nuestra sociedad. Esta no es la primera vez que estoy luchando en contra de una ley represiva. Los franceses no pueden vivir en una sociedad vigilada.
"Es terrible que no se ha dado un debate. Una ley que cambiará nuestra sociedad debería haber sido objeto de debate. ¿Por qué no hubo audiencia pública? ¿Por qué el juez no tiene cabida en el procedimiento de vigilancia? La rapidez con la que el gobierno quiere que este proyecto de ley sea aprobado, acelerando el proceso, es un grave error.
"Por otra parte, cabe señalar el silencio de los intelectuales sobre esta ley. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no hablan? No los podemos oír y sin embargo los necesitamos. Irónicamente, ayer (16 de abril) fue el aniversario de la muerte de Alexis de Tocqueville. ¿Es esta una señal?"
En una entrevista del 3 de mayo con Le Figaro, el jefe de la asociación de abogados de París, Pierre-Olivier Sur, denunció que la nueva ley es una "mentira de estado", que representa una "amenaza seria a las libertades civiles". Mientras el presidente Hollande afirmó en televisión que la ley era "un texto fundamental para combatir el terrorismo" realmente, "también será aplicada en muchas otras áreas", escribió Sur.
Sur amplió sus críticas a la ley en un ensayo publicado por Le Monde el 4 de mayo. Escribió:
"Los partidarios del proyecto de ley en discusión, sostienen, contra toda evidencia, que solo aplica a la lucha contra el terrorismo, juegan con nuestros temores legítimos, esperando que cerremos nuestros ojos a disposiciones generales inaceptables.
"No podemos aceptar una ley que de manera notable autoriza establecer sistemas que no sólo localizan personas, vehículos u objetos en tiempo real, sino que también capturan datos personales, basados en lo que los redactores de la ley, llaman vagamente, "los principales intereses de la política extranjera", los intereses "económicos, industriales y científicos" de Francia, "la prevención de la violencia colectiva", o "la prevención de la delincuencia y del crimen organizado".
"En todos estos asuntos, debe ser un juez de la corte que puede dar de manera instantánea, no solo una opinión, sino una autorización formal o una negativa, basado en la evidencia y en el contexto que se le presenta. Esto está garantizado por el artículo 66 de la Constitución, que parece ser pasado por alto en el nuevo texto".
En un análisis de 23 páginas, el sindicato de la magistratura, el segundo sindicato de jueces en Francia, está de acuerdo. Este dice que la nueva ley anula efectivamente más de 200 años de libertades de protección civil en Francia. Dice:
"El debate se centra en la protección de las personas contra el abuso del poder público, tal como fue concebido por los redactores de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 (un documento fundamental de la revolución francesa). La nueva ley de recolección de inteligencia es principalmente para proteger el trabajo de los agentes de inteligencia; proteger las libertades de los ciudadanos es sólo una consideración secundaria. La derogación de los principios fundamentales es impactante".
En un aparente intento por disipar las preocupaciones del público, el presidente Hollande se ha comprometido a presentar la ley ante el Consejo Constitucional (Conseil Constitutionnel), la máxima autoridad constitucional en Francia, antes de que entre en vigor. Si el Consejo considera que partes de la ley violan la constitución, puede exigir cambiar el texto para adaptarla.
Soeren Kern es analista de política europea para el Instituto Gatestone en Nueva York. Síguelo en Facebook y en Twitter.