Lo que la Autoridad Palestina, la Unión Europea, la Corte Suprema de Israel, tres localidades israelíes y la tribu Yahalín tienen en común es el asentamiento beduino de Jan al Ajmar.
La batalla por este asentamiento árabe se viene librando en los medios internacionales y la Corte Suprema israelí desde hace más de una década, y su historia es un microcosmos del conflicto árabe-israelí, lleno de narrativas alternativas, alianzas cambiantes, líneas de responsabilidad difusas y turbios intereses.
El primer problema es que Jan al Ajmar se ubica en una zona, que recibe el nombre nada poético de Área C, sobre la que, según Naciones Unidas, "Israel mantiene un control prácticamente exclusivo, incluidos el mantenimiento del orden público, la planificación y la construcción".
La pequeña concentración de viviendas beduinas se ubica en un terreno de una localidad israelí, Kfar Adumim, que se encuentra en una intersección estratégica entre Jerusalén, el Mar Muerto y los barrios periféricos árabes de Jerusalén, lo que la convierte en un punto vital para los israelíes y los palestinos.
Hasta hace poco, los residentes en el asentamiento –una rama de la tribu beduina de los Yahalín– vivían en el sur de Israel. En algún momento de la década de 1970 hubo un enfrentamiento entre distintas ramas de la tribu y algunas de ellas huyeron hacia el norte; a finales de esa misma década llegaron a la región de Maaleh Adumim, y allí han permanecido desde entonces.
Como casi todos los demás beduinos de Oriente Medio, esos Yahalín empezaron a abandonar su estilo de vida nómada en favor de asentamientos más permanentes y formas de sustento no dependientes del pastoreo. Por desgracia, se establecieron en una zona de crucial importancia estratégica, cerca de una gran autopista, y empezaron a conectarse ilegalmente a los servicios municipales de agua y electricidad para subsistir.
Este es el otro problema: desde los años 80, cuando empezó a tomar forma, el asentamiento ha sido ilegal, además de poco práctico. Su cercanía a la autopista ha supuesto un peligro para los niños beduinos que juegan al lado de la misma, así como para los motoristas que tienen que evitar las piedras que les lanzan. Los incidentes reportados en la prensa se cuentan por decenas.
Desde el día en que establecieron el campamento, los Yahalín sabían que estaban ocupando ilegalmente parte de un municipio israelí, y que no era una solución a largo plazo para sus necesidades de vivienda. Lo que no sabían es que la Autoridad Palestina (AP) tenía proyectos para ese mismo terreno, pero por diferentes motivos, y que las fuerzas internacionales empezarían enseguida a utilizarlos como piezas de ajedrez en un juego de altas apuestas contra Israel.
 La escuela de Jan al Ajmar, financiada internacionalmente, junto a la Autopista 1 israelí. (Imagen: TrickyH/Wikimedia Commons). |
El 23 de agosto de 2009 Salam Fayad, entonces primer ministro de la AP, publicó su plan maestro para la creación de un Estado palestino. La base del Plan Fayad (oficialmente denominado Palestina: poniendo fin a la ocupación, creando el Estado) fue –y sigue siendo– la creación de facto de un Estado sin tener que negociar con Israel, con hechos sobre el terreno en zonas bajo total control israelí en materia administrativa y de seguridad. Una de las zonas clave en esta concepción de las realidades sobre el terreno para la estadidad palestina –frente a las negociaciones de mutuo acuerdo en Oslo– es precisamente la próxima a la autopista. Los okupas Yahalín eran un medio perfecto para plantar allí una huella al margen de la legalidad.
Para la Autoridad Palestina, lo que más beneficiase a los beduinos Yahalín era lo de menos. Lo importante era el terreno. Construir en él era clave para tomar posesión de un territorio de otro modo inalcanzable y después convertir la posesión en irreversible. Así que, mientras la AP y la Unión Europea siguen hablando de cara a la galería sobre su voluntad de conseguir un acuerdo negociado, su conducta indica que no es esa su intención: los palestinos no tienen interés en una solución negociada, y la continua financiación de la UE de las actividades ilegales de construcción en la Área C anima a los palestinos a no sentarse a hablar con los israelíes. ¿Por qué deberían negociar, si pueden conseguir todo lo que quieran simplemente repitiendo la historia de Jan al Ajmar en los puntos estratégicos de toda la Área C?
Guste o no, los Acuerdos de Oslo –que la Autoridad Palestina firmó y la Unión Europea atestiguó– estipulan claramente que Israel tiene la responsabilidad exclusiva en lo relacionado con la concesión de permisos de construcción, zonificación y planificación. Pero es que, incluso sin los Acuerdos de Oslo, la Convención de La Haya –la base aceptada de la legalidad internacional– confiere responsabilidad exclusiva a Israel en dichas materias.
Volviendo a los beduinos: algunos de los residentes en los asentamientos vecinos firmaron acuerdos de reubicación; otros simplemente quitaron las estacas y se fueron a otra parte para evitar las obras y el tráfico de la autopista. Todos ellos entendían que no podían quedarse donde estaban.
Entonces entraron en acción la Autoridad Palestina y la Unión Europea, poniéndole un nombre a ese núcleo de tiendas de campaña y chabolas, inyectando dinero en Jan al Ajmar y provocando una enorme tormenta mediática sobre unos árabes desahuciados, desposeídos de su comunidad histórica. Una ONG italiana, Vento de Terra, construyó allí una escuela (v. la imagen que encabeza este artículo) para los niños beduinos de toda la región. Bombardearon a los medios con imágenes de niños beduinos descalzos que vivían bajo la amenaza de la desposesión y la limpieza étnica a manos de Israel, y presionaron a los Yahalín para que cooperaran (como se reportó en las sentencias de la Corte Suprema sobre el caso).
Los beduinos cedieron a la presión y permitieron a sus nuevos representantes tomar las riendas: los residentes de Jan al Ajmar se quedaron donde los quería la AP. Los beduinos Yahalín estaban representados por la AP y la UE en cuatro demandas distintas, que paralizaron el reasentamiento de los okupas durante más de una década. En cada caso, la Corte Suprema de Israel confirmó que el campamento de Jan al Ajmar era ilegal y que tenía que ser trasladado a una ubicación estatal alternativa.
Durante diez años, el Gobierno israelí suspendió las órdenes de demolición y evacuación, consideró todas las demás alternativas y terminó ideando una nueva opción para reubicar a los beduinos en un terreno de propiedad del Estado a sólo ocho kilómetros de Abu Dis, un barrio árabe en las afueras de Jerusalén. El nuevo barrio, Yahalín Oeste, ofrece un paquete por valor de más de medio millón de shékels (casi 140.000 dólares) por esposa a los polígamos hogares Yahalín. Cada esposa recibiría –gratis– un gran predio, completamente desarrollado y zonificado para la construcción de viviendas, con agua y electricidad. Yahalín Oeste ofrecería servicios que esos beduinos jamás habían disfrutado –que la AP jamás les ha ofrecido–: agua corriente, electricidad, casas permanentes que pueden diseñar como quieran, centros de salud, transporte público, escuelas, acceso a empleos, etc.
Yahalín Oeste lleva años listo y esperando. Los representantes de los Yahalín han rechazado varias veces el paquete estatal de reubicación, y se han negado a permitir a los Yahalín rehacer sus vidas en un nuevo vecindario si eso significa perder su asidero a la tierra que están ocupando actualmente.
Tras dar a los abogados de los Yahalín una última oportunidad para que presentaran una alternativa factible a Yahalín Oeste, cosa que fueron incapaces de hacer, la Corte Suprema cerró el caso de Jan al Ajmar rechazando dos peticiones presentadas en nombre de los beduinos. "No hay fundamento legal para justificar la intervención en la decisión del Ministerio de Defensa de ejecutar las órdenes de demolición dictadas contra las estructuras ilegales de Jan al Ajmar", escriben los jueces Sohlberg, Willner y Baron.
Esta decisión no toma a la ligera los complejos aspectos humanos inherentes a la evacuación a gran escala de una construcción ilegal (...) La aplicación de la ley es importante, como lo es el intento de llegar a una solución a través del diálogo y los medios pacíficos.
(...)
Ya se ha hecho y dicho todo, hace tiempo que pasó la 'hora cero'. Hemos de recordar que las órdenes de demolición de estas estructuras fueron dictadas por primera vez en 2009, y en este tribunal se han escuchado llamadas a la cooperación y el diálogo que, por merecedoras de atención que puedan ser, es indiscutible deberían haberse presentado en su momento, en el transcurso de los años transcurridos, y se deberían haber dirigido a los responsables de hacer las políticas y tomar las decisiones.
Los jueces criticaron la conducta de los demandantes señalando que se habían aprovechado repetidamente de la voluntad del Estado de Israel de alcanzar una solución acordada presentando ideas inútiles e inviables.
La impresión es que el objetivo de estas alternativas era 'ganar tiempo'. (...) Plantear en este punto sugerencias no realistas, después de que el Estado haya pospuesto durante años la ejecución de las órdenes de demolición para considerar alternativas, es inaceptable.
En la sentencia se rechazaba la petición de los demandantes de que la Corte interviniera en la decisión del Estado de aplicar la ley, y se expresaba la esperanza de que el asunto pudiese resolverse pacíficamente en un clima de cooperación.
La Autoridad Palestina ya ha anunciado su intención de resistirse a la reubicación de los Yahalín en su nuevo barrio legal próximo a Abu Dis "con todos los medios disponibles", y ya ha empezado el clamor internacional.
Se está condenando a Israel por su trato "cruel e inhumano" de los Yahalín, y por sus intentos de perpetrar una supuesta "limpieza étnica" y un "traslado forzoso de población". El Gobierno francés (que tiene un historial bastante lamentable de deportar en masse sumariamente a grupos nómadas) ha declarado que la decisión de la Corte Supremo de Israel vulnera la legalidad internacional, explicando al mismo tiempo que Jan al Ajmar tiene una "importancia estratégica crucial para la contigüidad del futuro Estado palestino".
Las próximas semanas serán un test para la determinación de Israel en la defensa de su soberanía. Al mismo tiempo, expondrán las verdaderas intenciones de la AP y de las ONG y los Gobiernos europeos que siguen financiando construcciones ilegales y las apropiaciones de terreno en zonas que la legalidad internacional reconoce que están bajo jurisdicción israelí.